Editorial El Comercio
12 de abril de 2016
Los resultados del proceso electoral se prestan a muchas reflexiones, que seguramente se irán desarrollando en los próximos días.
Una primera, por la que todos debiéramos estar igualmente contentos, es esta: se trata de nuestra cuarta elección consecutiva en democracia. No es poca cosa: es algo que no pasaba desde hace cien años. Ninguno de los candidatos ha objetado los resultados. Diera la impresión que los atropellos y la corrupción generalizada que se vivieron en los noventa han creado un consenso en el país en torno de la democracia y sus instituciones. Enhorabuena por ello.
Por otra parte, también parecería haberse forjado otro consenso, tal vez menos amplio, pero sí mayoritario, alrededor de las bondades del modelo económico que desde la misma década (aunque muy incompletamente) existe en el país. Eso, al menos si seguimos la interpretación que a lo largo de la campaña dieron los candidatos que, con mayor o menor énfasis, proponían cambiar este modelo por uno más estatista.
En efecto, las candidaturas de Verónika Mendoza, Gregorio Santos y Alfredo Barnechea sostuvieron repetidamente que el 10 de abril se iba a celebrar una confrontación entre quienes, como ellos, cuestionaban el modelo económico ‘ortodoxo’, y todos los demás, que más bien alentaban su continuidad.
Pues bien, si es que el electorado estuvo de acuerdo con ellos en que esto iba a ser así, entonces solo se puede concluir que la derrota de las diferentes propuestas estatistas ha sido contundente: 70% ha votado por las opciones que ellos consideraban ‘continuistas’. En esa medida, quienes defienden estas propuestas quizá harían bien en revisar la manera tan segura con la que suelen arrogarse la vocería de ‘el pueblo’ o ‘las mayorías’.
Naturalmente, caben otras interpretaciones del voto de este domingo (no hay por qué suponer que todos los electores votaron estando de acuerdo con los mencionados candidatos sobre lo que significaría la votación). Pero en cualquiera de estas interpretaciones está claro que jugó un papel definitorio en el resultado final el miedo que sentían muchos ciudadanos de volver a tener el tipo de medidas que llevaron a más del 60% de nuestra población a la pobreza. Si no es con el concepto de “voto útil” resulta muy difícil explicar la respetable cantidad de personas que cambiaron su voto para la primera vuelta.
Nada de lo anterior, sin embargo, debería dar lugar al regodeo en la cara del resto de los peruanos –como el exhibido, por ejemplo, en redes– por parte de algunos de quienes se consideran ganadores. La jactancia, igual que todas las trampas del ego, no es una fuerza que sirva para construir. Tampoco, ciertamente, para unir. Y hay, de hecho, en ese 30% que votó por las opciones de cambio de modelo (incluyendo a las dos más radicales) una voz que merece ser escuchada. No es cualquier cosa que en la región que posee una de las minas más importantes del país haya ganado una propuesta tan agresivamente antiminera y antiinversión como la de Gregorio Santos (sin que importasen los clamorosos indicios de corrupción que existen en su contra). Ese es un grito que el resto del Perú solo puede ignorar bajo su propio riesgo, y haciendo gala de una ausencia de empatía que no debería enorgullecer a nadie.
Desde luego, son muchas las cosas que pueden leerse en este grito. Una clara es esta: el Perú necesita un Estado más presente y eficiente. Y no hablamos del Estado de los controles a la economía ni del Estado-empresario. Hablamos del Estado que provee de cosas como una buena educación y salud a quienes no tienen recursos para acceder a ellas de otra forma, además de servicios como, por ejemplo, seguridad o un adecuado cuidado de los recursos naturales para todos. Y del Estado árbitro, que está ahí para asegurarse de que todos sean efectivamente iguales ante la ley, y que debe tener una autoridad moral a la hora de cumplir ese rol.
Este Estado, por cierto, no solo no se opone a una economía libre que favorezca la inversión, sino que depende de ella para tener los recursos que le permiten financiar bien sus metas –especialmente las que tienen que ver con ayudar a quienes más lo necesitan–.
Cajamarca tendría que ser un ejemplo de esto último. Pero no puede serlo porque el desastre que es nuestra administración pública en los niveles locales y regionales, con muy pocas excepciones, lo impidió. Solo en los cinco años previos al 2011, la región Cajamarca devolvió sin gastar S/1.230 millones –es decir, el 85% del dinero que tuvo disponible– a Lima. Pero claro, esa es una parte de la historia que ni Gregorio Santos ni Marco Arana contarán nunca a la gente.
La misma Cajamarca también es un magnífico ejemplo de las consecuencias de la ausencia del Estado como árbitro creíble. Uno de los grandes motivos por los que el proyecto minero Conga no fue es porque nadie le creyó al gobierno cuando este aseguró que el daño ambiental a las fuentes de agua no era el que se decía. Ni siquiera importó que un peritaje internacional hecho con técnicos independientes dijese en buena cuenta lo mismo.
El Perú tiene cinco años más para crear un Estado eficiente, cercano ahí donde tiene que serlo, y creíble en su rol de garante de una ley igual para todos, a la vez que profundiza en las reformas liberales que permitan multiplicar la inversión y, con ella, las oportunidades. O nos volvemos un país con el que todos podamos sentirnos más satisfechos y tranquilos, o continuaremos siendo un país en el que nadie puede estarlo realmente. Lampadia
