La única manera de que aumenten realmente los ingresos de los trabajadores es fomentando la inversión.
El miércoles se publicó una entrevista al primer ministro en la que señaló que, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estaban revisando la posibilidad de elevar el sueldo mínimo. Al día siguiente, sin embargo, la señora Nadine Heredia salió a enmendarle públicamente la plana (no nos queda claro si en su calidad de primera dama o de presidenta del Partido Nacionalista). Ella declaró que el aumento del sueldo mínimo “no está en discusión en estos momentos”. Paralelamente, la ministra de Trabajo afirmó desconocer las conversaciones entre los señores Villanueva y Castilla, aunque al mismo tiempo precisó que el aumento de la remuneración mínima vital “ha sido puesto en la mesa [del Consejo Nacional del Trabajo] por las centrales sindicales” y será “revisado por la Comisión Técnica de Productividad y Salario Mínimo”.
¿Se está discutiendo el aumento en la PCM y el MEF como dijo el primer ministro? ¿O en el Consejo Nacional del Trabajo como dijo la ministra de Trabajo? ¿O será que no se está discutiendo en lo absoluto como dio a entender la señora Heredia? ¿Quién manda a quién?
En cualquier escenario, como no está nada claro si el Ejecutivo tiene o no la voluntad de aumentar el salario mínimo, creemos oportuno reflexionar sobre la conveniencia de esta medida.
Por más que todos quisiéramos lo contrario, el Estado no puede aumentar los sueldos por arte de magia con solo dictar un decreto. Si fuese así de fácil, ¿por qué contentarnos con elevarlo de S/.750 a S/.1.000 como plantean los sindicatos? ¿Por qué no elevarlo de una buena vez a S/.15.000 para que todos los trabajadores peruanos ganen por lo menos como el trabajador promedio de Luxemburgo?
Si se eleva el salario mínimo por decreto, las empresas tendrían que asumir un mayor costo de planilla. Por eso, los trabajadores menos capacitados cuya baja productividad no justifique pagarles el nuevo sueldo serían despedidos o pasarían a ser informales (tales trabajadores, dicho sea de paso, suelen ser las personas que han tenido menos acceso a educación, las de menos recursos y las más jóvenes). Por la misma razón, a quienes hoy se encuentran desempleados les sería más difícil conseguir un trabajo formal. De hecho, según un reciente estudio del BCR, si se subiera el salario mínimo a S/.1.000, el empleo en pymes caería en un 10%.
Esa es la trampa populista que se esconde detrás de esta medida. Una trampa que atraparía a la mayoría de trabajadores peruanos (pues casi un 70% opera en la informalidad) y que los alejaría más de un empleo con todas las protecciones legales.
Por otro lado, no entendemos cómo se conciliaría esta propuesta con la repetida intención del presidente Humala de fomentar la industrialización en el país. ¿Cómo así se lograría que las empresas salten más alto si se les amarran mayores pesos al cuerpo? Esto, más aun, cuando nuestro país es conocido por su poco flexible y costosa regulación laboral. De hecho, el salario mínimo ya es elevado en comparación con el de otros países cuando se le mide como porcentaje del ingreso medio. José Carlos Saavedra, de Apoyo Consultoría, por ejemplo, señala que en el Perú el salario mínimo equivale al 100% del salario medio urbano, mientras que en México es casi 50%, en Grecia 43%, en el Reino Unido 39% y en Estados Unidos 38%.
¿Qué podríamos hacer entonces para mejorar los sueldos de los trabajadores peruanos? Pues seguir promoviendo la creación de empresas que tengan que competir por ellos pagando mejores sueldos. Y eso se logra eliminando las barreras burocráticas y los sobrecostos que dificultan la inversión. Es justamente el crecimiento de esta última lo que logró, por ejemplo, que desde el 2004 en Lima Metropolitana los ingresos de los empleados que no cuentan con educación alguna o cuentan solo con educación primaria se hayan elevado en 60%. Y es esa misma fuerza la que permitió, en el mismo período, que se reduzca a la mitad el tiempo que pasa un trabajador desempleado buscando un nuevo puesto.
Por todo esto (más allá del problema de institucionalidad que demuestra), esperemos que, en esta oportunidad, la primera dama mande sobre el primer ministro.
Publicado en El Comercio, 21 de febrero de 2014.
