Hace unos días, el Ejecutivo remitió un proyecto de ley al Congreso que ha pasado desapercibido para la opinión pública, pero que amerita nuestra especial atención. Su objetivo: sancionar penalmente a las empresas que se hayan visto involucradas en un acto de corrupción. Hasta ahí, por supuesto, no tendría por qué haber algún problema. Sin embargo, el proyecto acarrea una serie de defectos, por lo que, de ser aprobado, podría ocasionar que el remedio termine siendo mucho peor que la enfermedad. Veamos.
A pesar de que nuestra legislación ya establece graves sanciones a empresas que hayan sido utilizadas para cometer delitos (incluidos delitos de corrupción), este proyecto pretende incorporar un nuevo concepto nunca visto en el Perú: ya no importará que no se haya identificado a la persona que cometió el delito, sino que bastará que se detecte que “alguien” en la empresa lo cometió para que esta reciba drásticas sanciones. Sanciones que van desde elevadas multas, clausuras definitivas y hasta la disolución. Ahora, ¿por qué es importante que se identifique qué persona es la responsable? Porque solo así se podrá determinar si se trató, por ejemplo, de un acuerdo premeditado del directorio o si se trató, digamos, de un trabajador que excedió sus funciones y actuó sin el conocimiento de los directivos, lo que no justificaría que todos los trabajadores, directores y accionistas de la empresa sufran las consecuencias de un delito que fue cometido por otra persona sin su conocimiento. En pocas palabras, con esta norma, el gobierno estaría abriendo las puertas a que justos terminen pagando por pecadores.
Al parecer, consciente de ello, y ante la posibilidad de que, por ejemplo, una sanción de clausura afecte a trabajadores, el gobierno plantea una supuesta “solución”. En un extenso apartado del proyecto se establece una serie de disposiciones por las cuales una empresa podría estar siempre libre de sanción. Pero para ello esta debe contar con un modelo de prevención. ¿Qué implica este modelo de prevención? Pues que las empresas tengan extensos mecanismos anticorrupción debidamente certificados (auditorías, sistemas de denuncias, supervisiones internas, reglamentos). Ante esta exoneración, las preguntas que desde este Diario nos hacemos son muchas: ¿El gobierno es consciente de que más del 99% de las empresas en nuestro país son microempresas y pequeñas y no están en capacidad de adoptar estos complicados mecanismos? ¿Quiénes serán estas empresas certificadoras que con su sello eliminarán de toda responsabilidad a una empresa? ¿El gobierno está al tanto de que en Chile este modelo ha ocasionado un gran mercado que cobra hasta US$44 mil dólares por certificación y que ha dado pie a más denuncias de corrupción? Y las preguntas podrían seguir…
Por otro lado, la aprobación de este proyecto podría traer consigo una gran espada de Damocles para los millones de empresarios honestos de nuestro país, quienes de la noche a la mañana –por simple venganza, extorsiones o competencia desleal– podrían estar sujetos a denuncias que afectarían sus negocios y los obligaría a estar inmersos en interminables procesos judiciales. Peor aun, los empresarios estarían sujetos a constantes y perpetuas investigaciones por parte de la policía y fiscalía que en su gran mayoría no están debidamente calificados para hacer una adecuada auditoría y que, lamentablemente, podría generar más actos de corrupción. Y es que allí donde la institucionalidad estatal es débil, la corrupción se aprovecha de sus defectos para perpetrar sus oscuros propósitos. Basta ver cómo, según el Índice de Competitividad Global, el Perú se encuentra en el puesto 118 de 144 países en lo que toca a institucionalidad, lo que demuestra que este proyecto distaría mucho de ser la panacea anticorrupción que cree logrará el gobierno.
Es importante, finalmente, aclarar que, a diferencia de lo que busca hacernos creer la exposición de motivos del proyecto de ley, esta propuesta no es indispensable para seguir en el proceso de acceso a la OCDE. De hecho, esta institución solo habría solicitado que se regule, de ser el caso, la corrupción a funcionarios extranjeros y no a los múltiples delitos que el gobierno incluye en su propuesta, como, por citar un ejemplo, el tráfico de influencias, delito que en el sentido práctico es un área gris que podría dar pie a diversas denuncias maliciosas.
La lucha contra la corrupción no es tarea fácil y es necesario promover un trabajo conjunto entre empresarios, gobierno y sociedad civil para combatirla. No obstante, el Ejecutivo, antes de abrir más ventanas en donde la corrupción podría campear libremente, debe ser muy cuidadoso con sus propuestas y ver si necesita antes limpiar y ordenar su propia casa.
