El Comercio, 7 de agosto del 2025
Sebastián Ortiz Martínez
La Dirnic ordenó el domingo el cese de las interdicciones y el repliegue de agentes, excepto los que están en Pataz, de la Dirección de Medio Ambiente. El general Manuel Lozada, jefe de esta unidad, dijo que la medida se dejó sin efecto el martes.
A solo dos días de que los gremios de los mineros informales se retiraran de la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo para la formalización de este sector y amenazaran con protestas, el gobierno de Dina Boluarte cedió a una de sus principales demandas: la suspensión de las interdicciones u operativos policiales contra la minería ilegal.
El domingo 3 de agosto, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la Policía Nacional del Perú (PNP) ordenó a su Dirección de Medio Ambiente [ver documentos] la suspensión “de todas las comisiones de servicio” y el retorno a Lima de todo el personal, con excepción del que está destacado en Pataz (La Libertad). Esta medida se ejecutó al día siguiente.
En el memorándum, dirigido al general Manuel Lozada Morales, director de Medio Ambiente de la PNP, el teniente general Zenón Loayza Díaz, jefe de la Dirnic, justificó esta medida señalando que “existe la necesidad de replantear las operaciones policiales contra los delitos ambientales, tales como la minería ilegal, tala ilegal, entre otros”.
El Comercio tuvo acceso a una carta que el jefe operativo de la unidad policial Venceremos, en Moyobamba (San Martín), le envió a la fiscalía provincial de esa localidad, a través de la cual informa sobre el repliegue de sus agentes y la suspensión de todos sus planes de trabajo en cumplimiento de la orden dada de la Dirnic.
Fuentes de este Diario señalaron que las fiscalías provinciales de Madre de Dios, de Maynas (en Loreto) y de Puerto Inca (Huánuco) han recibido similares oficios.
—Sin efecto—
En breve diálogo con este Diario, Lozada dijo que el repliegue de sus agentes “ya no se va a ejecutar”, porque la medida “ha quedado sin efecto” el martes 5 de agosto. Hasta el cierre de esta edición, el nuevo oficio no se transparentaba.
El director de Medio Ambiente de la PNP refirió que la finalidad del retorno de los policías a Lima era darles una capacitación e implementar nuevas estrategias con base en la experiencia de este personal.
Fuentes cercanas a la PNP en Loreto indicaron que la orden del cese de operaciones contra la minería ilegal se acató en el puesto de control de Yarana. Sin embargo, hubo “una contraorden” que dispuso la reincorporación de los agentes a partir de hoy. Acotaron que no sabían si la disposición sería para todas las bases del país.
—Fue un pedido de mineros—
Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú), refirió a El Comercio que la interrupción de los operativos de la PNP fue un punto central en las conversaciones con el Ejecutivo.
“Este fue un pedido [de los gremios mineros] y ellos [desde el gobierno] asumieron que se iba a dar, incluso con la garantía del defensor del Pueblo [Josué Gutiérrez], él estuvo presente [en la cita] y se ofreció como garante de que no iba a haber interdicciones, mientras se siga conversando [sobre el decreto supremo que dispuso el retiro de más de 50 mil registros del Reinfo del proceso de formalización]”, expresó el militante del partido Renovación Popular.
No obstante, tras lo informado por el general Lozada, Franco Bequer calificó de “incapaz” al gobierno. Agregó que espera que las interdicciones solamente sean en contra de la minería ilegal y no de mineros artesanales en proceso de formalización.
En tanto, el director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Máximo Gallo, dijo que no tenía conocimiento sobre la suspensión de las interdicciones y que no hubo coordinación con su oficina, pues las interdicciones son competencia del Mininter, la PNP y la fiscalía.
Este Diario intentó comunicarse con el defensor del Pueblo, con el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, y con el ministro del Interior, Carlos Malaver. No respondieron llamadas ni mensajes.
César Ipenza, experto en derecho ambiental que difundió en X la orden de la Dirnic, sostuvo que el gobierno de Boluarte se ha caracterizado por “la contradicción y el facilismo” frente a la minería ilegal.
El exviceministro del Interior Ricardo Valdés indicó que las idas y vueltas del gobierno evidencian “que existen presiones muy poderosas y fuertes” que han viabilizado que se suspendan las intervenciones entre el domingo y el martes de esta semana.
