Editorial El Comercio
El Comercio, 07 de junio de 2017
Las alianzas políticas suelen ser efímeras y cambiantes. Los socios de un día pueden ser los acérrimos rivales del siguiente y viceversa. De hecho, una máxima que parecen seguir muchos políticos es aquella que dice: “Los enemigos de mis enemigos son mis amigos”, algo que motiva que agrupaciones ideológicamente en las antípodas se conviertan, por momentos, en cómplices de una causa antagónica común.
Solo así, quizás, se puede entender la colaboración que exhibieron recientemente dos grupos políticos tan enfrentados como el Frente Amplio (FA) y Fuerza Popular (FP). Nos referimos, en concreto, a sus roles como promotores y auspiciadores, respectivamente, de la derogación del Decreto Legislativo 1333, ley para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados.
La norma en cuestión creaba una unidad especial en el interior de Pro Inversión, denominada Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), la cual se encargaría de conducir o ejecutar, de manera más ágil y coordinada, todos los procedimientos conducentes a la identificación, saneamiento y expropiación de predios a los que se requiere tener acceso para avanzar con importantes obras, como la línea 2 del metro o la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, para mencionar dos casos.
Para entender la relevancia de esta norma, basta con observar los retrasos que sufren los proyectos de infraestructura en el país. Hoy en día, por ejemplo, acceder a un predio puede demandar hasta 739 días en labores tan básicas como la identificación del predio (182 días), la tasación del predio (172 días) o la liberación de interferencias (242 días).
Un país que mantiene todavía altos índices de pobreza, acostumbrado a bajos niveles de ejecución de la inversión pública, y en el que la inversión privada viene cayendo sostenidamente durante los últimos 3 años, ciertamente, no puede darse el lujo de tener más de US$47 mil millones de inversión en proyectos priorizados (aproximadamente 25% del PBI) pendientes de ejecución sin tomar cartas en el asunto.
Pese a ello y a que la norma pasó aprobatoriamente, con comentarios, el proceso de revisión de constitucionalidad del grupo de trabajo liderado por la congresista fujimorista Úrsula Letona, la Comisión de Constitución recomendó y el pleno del Congreso aprobó la derogación del Decreto Legislativo 1333.
La razón esgrimida primero por legisladores del Frente Amplio y luego respaldada por representantes de Fuerza Popular fue que esta norma vulneraría los derechos de las comunidades indígenas que tendrían propiedades en las zonas donde se desarrollan los proyectos de inversión. Un argumento infundado porque el decreto en cuestión no cambiaba las reglas de expropiación ya existentes ni tampoco suponía ignorar los procesos de consulta previa, cuando ello fuera aplicable.
Probablemente no llame tanto al asombro que los integrantes del conglomerado izquierdista se opongan a una ley que podría facilitar la inversión privada y el progreso económico. Pero sí resulta sugerente, por decir lo menos, que los parlamentarios de Fuerza Popular respalden un argumento falaz, bajo el cual hasta la propia Constitución Política de 1993 y las normas que componen el marco jurídico de expropiaciones que surgieron durante la década de los noventa serían consideradas atentatorias de los derechos de las comunidades indígenas.
El solo hecho de que durante el debate en el pleno se haya rechazado la posibilidad de incorporar precisiones al Decreto Legislativo 1333 para asegurar que este no pudiera afectar los derechos de las comunidades es elocuente sobre las pulsaciones políticas que condujeron hacia el desenlace ya conocido.
Desde la perspectiva de quien se siente parte de un juego político en el que hay que aprovechar cualquier oportunidad para asestar ataques al Ejecutivo, es posible que derogar un decreto legislativo haya sido una movida sagaz para el fujimorismo. Pero quizás en Fuerza Populardeberían cavilar con mayor cuidado al momento de escoger en qué materias deciden fungir como furgón de cola de sus otros rivales políticos, sobre todo cuando ello suponga detener el progreso económico del país.
