Por: Editorial El Comercio
El Comercio, 19 de junio de 2018
El Comercio, 19 de junio de 2018
Casi exactamente un año después del inicio de la huelga magisterial que se extendió por 75 días en el 2017, un sector minoritario del profesorado ha empezado ayer una nueva paralización.
Las diferencias entre una protesta y la otra son considerables. La del año pasado, por ejemplo, fue acatada por más del 66% del cuerpo docente dependiente del Estado a lo largo de 21 regiones del país, en tanto que la actual ha podido exhibir en su primer día, según cifras brindadas por el ministro de Educación Daniel Alfaro, apenas un 5% de maestros acatándola. Pero existen también algunos elementos comunes a las dos. Singularmente, la presencia de Pedro Castillo, representante del autodenominado Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep, como líder visible de parte de los huelguistas en la última etapa de la oportunidad anterior y de la mayoría de ellos en la de estos días.
Entre los reclamos se distinguen asimismo varios puntos similares, como aquellos que tienen que ver con las remuneraciones y el rechazo a las evaluaciones de desempeño, alegando que son ‘punitivas’ y persiguen ‘el despido masivo de los maestros’.
No obstante, mientras esas ‘reivindicaciones’ lucen remotas (ya sea porque persiguen metas inaceptables como la de echarse abajo la ‘meritocracia’ que hace tanto tiempo se quiere instaurar en el magisterio, o porque dependen del cumplimiento de un calendario de acuerdos que no va a ser alterado por la paralización), hay una adicional que se pretende inmediata y, por lo mismo, daría la impresión de ser la motivación de fondo de la ‘medida de fuerza’.
Nos referimos a las aspiraciones de Castillo y su entorno de obtener para la facción gremial que encabezan un reconocimiento de parte del Estado, que les permita disputarle la representación legal del magisterio al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), que desde hace décadas maneja Patria Roja.
De hecho, según ha declarado el ministro Alfaro, en la reunión que tuvo con ellos el 4 de junio pasado, se le pidió que firmase un acta en la que los reconocía como gremio formal, lo que fue sumariamente descartado por él. “A ese punto no podemos llegar”, ha aseverado en una entrevista.
Es sintomático en ese sentido, además, que la dirigencia oficial del Sutep haya anunciado su rechazo a la huelga.
Por lo que se ve, se trata, pues, de un intento minoritario de arrastrar a todo el profesorado a un paro para conseguir reconocimiento político y gremial de las autoridades para la organización que representa Pedro Castillo. Algo así como la materialización del sueño de la huelga propia.
Felizmente, a diferencia de las marchas y contramarchas que caracterizaron la actitud del gobierno durante la paralización anterior, esta vez el ministro Alfaro parece determinado a no ceder. “Consideramos que no existe una base legal para que se pueda dar una huelga; esta va a ser ilegal si se decide acatar”, afirmó este fin de semana. Para luego añadir que, junto con los gobiernos regionales, las UGEL y los directores de las instituciones educativas, van a proceder con los descuentos a los docentes que no asistan a clases, e incluso al congelamiento de las cuentas de las instituciones cuyos directores no reporten tales inasistencias.
Cabe esperar que su resolución reciba el respaldo del jefe del Consejo de Ministros y del propio presidente Vizcarra para que esta huelga se diluya pronto y no llegue a afectar el cumplimiento de las metas académicas del año escolar, como ocurrió el año pasado. Si el gobierno está buscando recuperar terreno de una manera legítima en la aprobación ciudadana, aquí tiene una materia segura y disponible.
