En enero del 2012, luego de haber dominado la industria por décadas, la empresa Kodak se declaró en quiebra en una corte en Nueva York. ¿Su error? Los gerentes y directores se negaron a ver lo evidente a pesar de las numerosas señales que advertían la llegada de cambios en el entorno para los que la empresa no estaba preparada. La complacencia de quien sabe que ha venido haciendo bien las cosas por varios años les impidió percibir que el nuevo contexto –la irrupción de la fotografía digital– exigía cambios de fondo en la manera de operar.
La anécdota de la empresa de equipamiento fotográfico viene a cuento a raíz de las recientes cifras de crecimiento del PBI peruano. Luego de lucir las tasas de expansión económica más altas de esta parte del continente por una década, la economía del país parece ahora quedar rezagada ante el crecimiento de países como Colombia y Ecuador. Así como Kodak en su momento, los sucesivos gobiernos peruanos han fallado en adaptarse al cambiante entorno y han afrontado la necesidad de sostener el crecimiento económico con una mezcla, por un lado, de complacencia por los resultados previos y, por otro, de limitada capacidad política para empujar las reformas requeridas.
Mientras la favorable coyuntura externa y el precio de los minerales servían como barniz para ocultar las debilidades internas de la economía nacional, la presión para implementar reformas a favor de la competitividad local hervía a fuego lento. Las consecuencias de esta desatención, sin embargo, no se hicieron esperar demasiado una vez que el frente externo perdió parte del barniz: luego del decepcionante crecimiento de 2,8% en el 2014, en enero del 2015 la tasa de expansión del PBI fue de 1,8% –incremento insuficiente pero que aun así supera el crecimiento de diciembre pasado (0,54%)–.
¿A qué reformas podría entonces abocarse el Estado para sacudirse de la complacencia y evitar ceder una economía languideciente en el cambio de mando de julio del 2016? Uno de los principales motores que pareció apagarse durante el año pasado fue la inversión, tanto la pública como la privada, y es aquí también donde existen oportunidades de mejora.
En primer lugar, para reactivar la inversión privada, urge deshacer la maraña burocrática y la regulación excesiva que ahoga los emprendimientos empresariales. Si bien la instalación de las mesas sectoriales para el desarrollo de la industria forestal, de la acuicultura y de industrias culturales –conducidas por el Ministerio de la Producción– es un paso positivo, las reformas para simplificar la carga de trámites, permisos administrativos y regulaciones requieren ir mucho más allá.
Como hemos mencionado antes, una solución parcial es la implementación de un texto único de procedimientos administrativos (TUPA) estandarizado que, sin restringir el legítimo autogobierno de las municipalidades provinciales y distritales, promueva la homogeneización de ciertos procesos y facilite un marco legal más ordenado, simple y predecible.
No está de más mencionar que, de hecho, ha sido este mismo gobierno el que ha puesto numerosas trabas a la inversión. Desde la costosa ley de salud y seguridad en el trabajo y la escalada del salario mínimo a S/.750, hasta regulaciones innecesarias en el ‘retail’, las finanzas, el agro y varios sectores más. Una verdadera reforma en el campo regulatorio podría empezar por desmontar las diversas trabas que el mismo gobierno ha colocado en los últimos años.
Respecto de la inversión pública, una de las tareas pendientes consiste en incrementar y mejorar las obras de los gobiernos locales y regionales orientadas a dotar de transporte, telecomunicaciones, energía y agua a los ciudadanos. Actualmente, por falta de capacidad, de interés, o –en el peor de los casos– por corrupción, varias autoridades subnacionales se enfocan en elaborar proyectos de inversión relativamente pequeños que, debido a su bajo monto, logran sortear algunas de las exigencias del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El resultado son obras pequeñas y de bajo impacto, realizadas por concesionarios poco eficientes, que se ilustran en las varias carreteras distritales que llevan de un inhóspito lugar a otro sin conexión posterior alguna.
En la medida en que subir la valla del SNIP no es viable, una alternativa de solución atractiva es empaquetar diversos proyectos pequeños en asociaciones público-privadas (APP) de mayor envergadura, que cuenten con estudios técnicos completos, y que sean atractivas para empresas concesionarias de alto nivel.
Pero más allá de los procedimientos administrativos estandarizados y las APP, para reactivar la confianza de los consumidores y la inversión lo que realmente se necesita es un gobierno que dé señales claras de que finalmente se desea sacudir de la inacción y que tiene la voluntad política para dar las batallas necesarias. Por ahora, el camino al que nos está llevando la complacencia no es un ‘momento Kodak’ que quisiéramos preservar.
