Por: Editorial El Comercio
El Comercio, 19 de julio de 2019
El Comercio, 19 de julio de 2019
La vieja máxima que dice “Si no puedes ayudar, por lo menos no hagas daño” no cuenta al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, entre sus cultores. Ante el conflicto que se vive en Islay por la licencia de construcción concedida recientemente al proyecto Tía María, lejos de preocuparse por facilitar un entendimiento entre la empresa minera y los pobladores que temen las consecuencias de la explotación cuprífera, él ha optado por echar leña al fuego y transformar la protesta de sus paisanos en una ocasión para tensar la situación con el gobierno central.
Su motivación es claramente la de ser el líder… pero de una causa que no parece comprender del todo.
A lo largo de los días transcurridos desde que empezó el paro en la referida zona, Cáceres Llica ha ido efectivamente elevando el tono de un ultimátum que no tiene claro. El martes 16, por ejemplo, durante una reunión con dirigentes del Valle de Tambo dijo que el presidente Vizcarra tenía 72 horas “para declarar de oficio la nulidad” de la resolución en la que se había otorgado la licencia, sin especificar qué es lo que ocurriría si, vencido ese plazo, su demanda no había sido atendida.
Un día después, durante una reunión con autoridades locales, extendió su amenaza y señaló que culparía de cualquier muerto o herido en las manifestaciones al jefe de Estado, porque él había viajado a Lima varias veces y le había advertido a través de un comunicado que “por encima de cualquier mina está la vida humana de un peruano”.
Y finalmente ayer, en una conferencia de prensa, anunció que si se produjera alguna muerte durante las protestas, pediría la vacancia presidencial por incapacidad moral.
Su discurso no solamente ignora la inexistencia de argumentos legales para decretar la nulidad que reclama y las consecuencias –esas sí legalmente bien fundamentadas– que le acarrearía al Estado peruano una acción semejante, sino que también prescinde del dato puro y duro de que el asunto cae fuera de su autoridad como gobernador regional.
No aporta, por otro lado, sugerencias o ideas alternativas para garantizar que lo que inquieta a los vecinos de los asientos mineros no sucederá y para conseguir al mismo tiempo que una inversión tan importante para Arequipa y el país en general no se pierda.
Únicamente luce interesado en colocarse como el principal beneficiario de cualquier posible retroceso por parte del presidente y, con ese propósito, siembra con sus ‘advertencias’ situaciones explosivas: auténticas minas a la espera de que el gobierno las pise y todo vuele por los aires.
Hasta ahora, felizmente, el Ejecutivo no da signos de dejarse aturdir por la grita y tampoco de estar dispuesto a empujar las cosas prematuramente. Pero hace falta que enfrente políticamente el oportunismo sin norte de Cáceres Llica (así como el de otros dirigentes y congresistas que asumen el bloqueo de este tipo de iniciativas como un fin en sí mismo).
El diálogo con las comunidades locales y sus autoridades es necesario, pero no suficiente. Si el gobierno cree que su sola consecución sería una victoria, se equivoca, pues si no conduce a la materialización del proyecto, sería a la larga una derrota. Y una ciertamente muy costosa.
Lo que ocurra además con este conflicto y con el de Las Bambas marcará sin duda el derrotero de tantas otras inversiones mineras truncas en el territorio nacional, a la espera de una señal clara de apoyo institucional para ser retomadas: oportunidades de generación de riqueza y trabajo que no podemos seguir dejando escapar por conminaciones irresponsables como la que comentamos.
Si existen algunas minas que el gobierno está llamado a desactivar son las que siembran el gobernador regional de Arequipa y sus competidores en la pugna por ver quién se alza con el triste mérito de traerse abajo esta posibilidad de progreso y desarrollo.
