Por: Editorial El Comercio
El Comercio, 3 de junio de 2019
Desde su origen, el proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay en Arequipa y operado por Southern Perú, ha protagonizado una serie de conflictos que resultaron en su paralización durante los últimos cuatro años. El pico de las tensiones se registró entre los años 2011 y 2015, con un total de cinco personas perdiendo la vida en el marco de las protestas que procuraban que la mina no se construya, en gran medida por los perjuicios ambientales que algunos aseguraban podía traer consigo.
La importancia del proyecto para la economía peruana y, por ende, los efectos negativos de su paralización, resultan innegables. Tía María representa una inversión de US$1.400 millones, lo que se traduce en un crecimiento del PBI de 0,4%. Su ejecución se torna aun más significativa considerando que nuestra economía no alcanzará la proyección de crecimiento de 4% planteada originalmente para este año, por lo que urge encontrar nuevos motores de desarrollo.
Es por ello positivo que, hace unos días, el ministro de Economía, Carlos Oliva, haya asegurado que las “condiciones están dadas” para que la licencia de construcción del proyecto sea otorgada a Southern Perú, el último requisito para que Tía María pueda, finalmente, entrar en producción. Un hecho que resulta particularmente importante, al tomar en cuenta que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto –aprobado por el Estado en el 2014 luego de ser sometido a una serie de subsanaciones– está a menos de un mes de vencerse. Si Tía María no cuenta con dicha licencia antes del 1 de agosto, tendrá que rehacer el proceso de obtención de EIA, y el inicio de sus operaciones se tornará aun más lejano.
Es evidente que el otorgamiento de la licencia de construcción no eliminará las tensiones que aún existen en torno al proyecto de parte de los ciudadanos que viven en las zonas aledañas a la mina. Será crucial que se continúe escuchando y entendiendo las preocupaciones persistentes, con el fin de socializar el proyecto y evitar futuros conflictos –en este punto, Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas de Southern Perú, ha adelantado que aún con la licencia otorgada, el inicio del proyecto se dará “cuando estén dadas las condiciones adecuadas”–. Dicho esto, se deberá también tener cuidado de no condicionar el destino de Tía María a la obtención de la “licencia social”, un concepto amplio que, por su imprecisión, podría plantear exigencias ambiguas y difíciles de cumplir.
El desenlace de esta situación, además, no solo involucra el dinero que Tía María pueda traer: también tendrá un impacto en la suerte de muchas otras inversiones que puedan darse en el Perú. Pues si una empresa ha cumplido con todos los requisitos que la ley exige para poder trabajar en el país y, aun así, el Estado no emite el permiso para que pueda iniciar sus actividades, cualquier inversión que se pretenda en este campo podría ser interpretada como un salto al vacío. No hay que olvidar que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar un ambiente de negocio donde prime la predictibilidad y donde los funcionarios públicos estén conscientes de la importancia de respetar el marco institucional, sin que exista una amenaza constante de que, de un momento a otro, las condiciones puedan cambiar en perjuicio de las empresas.
En suma, es una buena noticia que desde el Ejecutivo se indique la voluntad de llevar a cabo un proyecto minero de la envergadura de Tía María. Es el momento para que esta voluntad se haga finalmente realidad.
