El Comercio, 22 de abril de 2021
No ha existido proceso de segunda vuelta en nuestra historia reciente en el que no se haya esgrimido –desde una de las partes en contienda o desde las dos– el argumento de que lo que está en juego es la vigencia de la democracia. Tales advertencias, sin embargo, han estado por lo general asociadas a la trayectoria política o a las vinculaciones internacionales del candidato al que se identificaba como peligroso para la subsistencia del Estado de derecho, antes que a declaraciones suyas o de las personas de su entorno. Y menos aún, a anuncios que formasen parte de su plan de gobierno.
En la presente coyuntura, no obstante, eso ha cambiado. Tanto en el discurso programático de Perú Libre como en las entrevistas que conceden en estos días a los medios los congresistas virtualmente electos de esa organización es posible distinguir nítidas amenazas a la institucionalidad democrática en el país que debemos señalar.
En el documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones para reseñar las acciones que adoptaría de llegar al poder, por ejemplo, Perú Libre afirma: “Los ministerios de Educación y Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión, evitando de esta forma que se atente contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad peruana”. Más adelante, se puntualizan también las supuestas razones por las que “la ley de regulación es necesaria” para “evitar con ello la ‘libertad’ del enriquecimiento, chantaje, difamación, calumnia y sobre todo la mentira”. Es decir, casi la versión de manual para imponer un mecanismo de censura a la crítica y a la información incómoda para el gobierno de turno.
En ese mismo sentido, se han pronunciado, además, los futuros parlamentarios Samuel Coayla (“El partido es un partido democrático; cuando dice ‘regule’ se refiere, por ejemplo, a los medios de comunicación que propagan programas que no llevan a nada a culturizar al pueblo”) y Zaira Arias (“Vamos a ganar y tu programa y tu persona se van a tener que retirar”, le dijo fuera de cámaras al conductor de un espacio político al que previamente había llamado “miserable”).
A la misma legisladora en ciernes, por otro lado, debemos la versión más acabada de un proyecto abiertamente inconstitucional del que permanentemente se habla en los predios de Perú Libre. “El maestro [Castillo] plantea que en un plazo no mayor a seis meses va a llamar a la Asamblea Constituyente; esto automáticamente va a disolver el Congreso”, proclamó ella días atrás. Y luego añadió: “Solo va a quedar la Mesa Permanente (sic) actuando en el Legislativo de la mano con el Ejecutivo y se dará paso a los asambleístas que van a redactar la nueva Constitución”.
Por su parte, el futuro parlamentario Guillermo Bermejo también ha abundado en la tesis de que el eventual cambio constitucional no debe ser decidido en el Congreso –como manda la actual ley de leyes– sino “en las ánforas”. Un comentario que acompañó con la advertencia de que, de llegar al poder, piensan expulsar a la DEA (la agencia norteamericana para la administración del control de drogas), principal colaborador en la lucha contra el narcotráfico en el país.
En suma, pues, lo que tenemos es a voceros calificados de una de las dos opciones que se disputan el acceso al gobierno en esta segunda vuelta que nos están describiendo, con pelos y señales, la tormenta que piensan desatar si obtienen el triunfo. Una tormenta que, como decíamos al principio, afectaría las instituciones sobre las que descansa nuestra democracia –libertad de prensa, separación de poderes, limitación constitucional de la capacidad de acción de quien administra el Ejecutivo, etc.– de manera definitiva.
Y no tomar precauciones ante los anuncios de un temporal, ya se sabe, es la manera más absurda de dejarse abatir por la desgracia.
