Eduardo Vega Luna, Presidente de la Comisión Presidencial de Integridad
El Comercio, 23 de octubre de 2016
A la corrupción se le debe enfrentar frontalmente. Todos los peruanos –Estado, empresas y ciudadanos– tenemos el reto de acabar con este flagelo que ha afectado a nuestro país a lo largo de la historia, y que golpea sobre todo a las personas más pobres y vulnerables en su salud, educación y en otros servicios básicos.
Tras la constatación por el propio gobierno de un grave caso de corrupción de un ex asesor, el presidente de la República ha tomado la decisión de impulsar cinco medidas concretas para combatir la corrupción: la reorganización del Despacho Presidencial y el establecimiento de parámetros para elegir a sus asesores; la verificación inmediata del cumplimiento de los requisitos personales y profesionales del entorno cercano de los ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo; la aprobación de una ley de muerte civil para los sentenciados por corrupción; la convocatoria al Consejo de Estado para coordinar una estrategia anticorrupción; y la creación de una Comisión Presidencial de Integridad.
Estas medidas han permitido poner en la agenda nacional la necesidad de que el Estado y la sociedad en su conjunto se involucren en un esfuerzo sistemático e integral, de corto, mediano y largo plazo. Esta iniciativa de la máxima autoridad del país puede marcar un hito en la lucha contra la corrupción, pero es imprescindible que esta voluntad política sea sostenida día a día y compartida por cada una de las autoridades de los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos y los gobiernos regionales y locales. En esta tarea, la ciudadanía tiene un papel central en la vigilancia y la denuncia, y también en combatir la tolerancia a la corrupción. Casos como el del ex asesor Moreno no pueden repetirse.
La Comisión Presidencial de Integridad, cuya dirección me ha sido confiada por el presidente de la República, contará con la valiosa colaboración de personalidades de reconocida trayectoria y probidad. Específicamente, tenemos el encargo de proponerle al presidente, en el plazo de 45 días calendario, medidas concretas para promover la integridad y el respeto a los principios éticos en la función pública, con la finalidad de fomentar la transparencia y prevenir y sancionar la corrupción.
Eso quiere decir que esta comisión no hará diagnósticos, pues partirá de los ya formulados por diferentes instituciones del Estado y de la sociedad civil que se han preocupado por esta problemática en la última década. Tampoco será una comisión más, por lo acotado de su plazo y por lo específico de su mandato. Más bien, en vez de empezar desde cero, aprovechará las propuestas ya trabajadas en diferentes ámbitos públicos y privados, en especial las de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la sociedad civil y la academia. Nuestra labor consistirá en recoger estas propuestas, así como las nuevas que presente la ciudadanía, evaluarlas, consensuarlas y darles una mirada sistemática. Esta es una oportunidad inmejorable para plantear cambios radicales que garanticen una lucha eficaz contra la corrupción en todos los niveles del Estado, enmarcados dentro de una política anticorrupción eficaz y duradera y con mecanismos precisos para su ejecución y medición de resultados.
Inicialmente estamos planteando cinco grandes áreas para delinear un plan de acción:
i) la implementación de mecanismos efectivos de denuncia y de protección a los denunciantes;
ii) el fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información pública;
iii) la mejora del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado;
iv) la adecuada regulación de los conflictos de interés, el lobby, el tráfico de influencias y la conducta ética de los funcionarios; y
v) el fortalecimiento del sistema de justicia para evitar la impunidad.
Seguramente estos temas serán ampliados y nutridos con la participación de todas las instituciones del Estado y de la ciudadanía, a quienes desde ya convocamos para que presenten sus propuestas e iniciativas. Para este fin hemos abierto el correo electrónico integridad@presidencia.gob.pe.
La corrupción es un fenómeno estructural, complejo y cotidiano. Sus múltiples manifestaciones y sus sistemas y redes clandestinos hacen que sea difícil prevenirla, combatirla y sancionarla si no se tiene una firme voluntad política, un sistema efectivo e integral y un plan bien definido. Necesitamos también funcionarios capacitados, que actúen con ética, un presupuesto suficiente y, sobre todo, recobrar la confianza de la ciudadanía para que colabore decididamente y no se sienta defraudada. Esta será, justamente, la propuesta de la Comisión Presidencial de Integridad.
El Perú no puede permitirse fracasar nuevamente en la lucha contra la corrupción. Está en juego el prestigio de la democracia, la confianza de los ciudadanos en su Estado, así como la entrega de servicios básicos de calidad a la ciudadanía y la efectiva vigencia de los derechos fundamentales. Como decía el padre Hubert Lanssiers, así como “existe una tecnología del mal, debe existir, en contrapeso, una tecnología del bien”. Tenemos la obligación histórica de trabajar juntos para construir una agenda nacional que nos permita vencer a este enemigo común.
