Domingo García Belaunde
Expreso, 30 de mayo del 2024
La opinión del constitucionalista Domingo García Belaunde es más lapidaria. Dijo que con el ex presidente Alejandro Toledo empezó este tema de las vacancias en la era post-Fujimori. Al entonces líder de la chakana se le pretendió acusar constitucionalmente por el caso de las «firmas falsas». No se aceptó que la investidura de prèsidentes en ejercicio sea vacada por razones que no estén en el artículo 117 de la Constitución.
Es decir, solo se puede acusar por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso o impedir su funcionamiento. Todo después de concluir su mandato y, aun así, tiene cinco años más según la Carta Magna.
Luego vino Martín Vizcarra, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y al moqueguano se le aplicó la figura de «incapacidad moral permanente», es decir, el artículo 113 de la Constitución, que es más del fuero político, con el caso del Club de la Construcción. Después, tuvo dos inhabilitaciones para el ejercicio del cargo público por haberse vacunado tres veces durante la pandemia de covid-19 y otra por el caso «Richard Swing».
Este camino es el que busca la Fiscalía, la «incapacidad moral permanente», señalan otros expertos en el Congreso. Pero eso no funcionará, dice García Belaunde, por la ausencia de los 87 votos necesarios.
Los problemas empiezan con el caso de Pedro Castillo, a quien, siendo presidente en ejercicio, se le empezó a acusar constitucionalmente por el caso Sarratea en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que dirigía Lady Camones, que no está en el artículo 117. En eso, a Castillo se le ocurrió dar el golpe de Estado y fue vacado de inmediato por golpista, y la fiscal de la Nación de entonces, Patricia Benavides, tuvo el mérito de encarcelarlo.
Pasados pocos años, el trauma de la vacancia regresa con Dina Boluarte, con los ánimos cargados que podrían influir en los congresistas, siempre y cuando haya un delito grave, que por lo visto no lo hay, dice Domingo García Belaunde.
En conversación con EXPRESO, el jurista dijo que una denuncia por cohecho va a ser archivada con seguridad. «Si el artículo 117 es claro: No hay otra forma, y si quieren que haya, que cambien primero la Constitución. O en todo caso, es la obra de un figuretti que hay que archivar».
Ahora, frente a la nueva demanda constitucional que presentará la PCM ante el Tribunal Constitucional, sostuvo que el máximo intérprete de la Constitución debe estar más que fastidiado con el hecho de que todos los problemas sustantivos de los políticos se los deriven. «¿Y los políticos no pue- den solucionarlo? No, pues», concluyó.
