Por: Diego Macera
El Comercio, 26 de marzo de 2020
Posiblemente no haya habido una situación de tanta incertidumbre en el país desde que se puso en duda la capacidad del Estado para vencer al terrorismo. El Gobierno hizo lo correcto al reaccionar de manera dura y temprana –ante relativamente pocos casos confirmados–. Aun así, el saldo en vidas humanas podría no ser menor, y el impacto económico incalculable. Escenarios optimistas de variación del PBI para este año, que apuestan a un fuerte rebote durante la segunda mitad, ponen la cifra en terreno apenas positivo, difícilmente más de 0,5%. Para los escenarios pesimistas es complicado ver el límite del deterioro económico si se gatillan círculos viciosos. Así, el techo de crecimiento está claro; el piso no tanto.
¿Qué deben evitar hacer el Gobierno, el Congreso y las empresas para reducir el riesgo de que a la crisis sanitaria se le sume una crisis económica de enormes proporciones? Aquí algunas ideas.
De parte del Gobierno: evitar la timidez que dirige las respuestas hacia la caja de herramientas –tradicional, conservadora y propia de tiempos de paz– del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta es una emergencia. Se necesitan medidas audaces cuyo costo fiscal irá bastante más allá de lo que hasta ahora ha presupuestado el Gobierno. En este aspecto será mejor pecar de exceso de voluntarismo que de defecto; está en juego mucho de lo que el Perú ha logrado construir –con enorme esfuerzo– a lo largo de décadas. Dos asuntos son absolutamente fundamentales: la protección de las familias vulnerables que perderán sus ingresos, y mantener a flote –sobre todo vía líneas de crédito adicionales– a las decenas de miles de empresas que van a requerir ayuda. Es el momento de aprovechar inteligentemente nuestra envidiable fortaleza fiscal, solo comparable a la de Chile y México en la región.
De parte del Congreso: evitar el afán de protagonismo que algunos han demostrado con proyectos de ley de corte más bien populista. Nunca es el momento para hacer demagogia, pero hacerlo durante una emergencia nacional es particularmente desagradable. Aquellos congresistas que, genuinamente motivados por la situación crítica, han actuado de buena fe con iniciativas de ley para ayudar a la población vulnerable harían bien en coordinar todos sus esfuerzos, por esta vez y de manera excepcional si así lo desean, a través del Gobierno. Habrá tiempo luego para criticar, para estar en desacuerdo con el Ejecutivo, e incluso para enmendarle la plana –como corresponde en una democracia sana–, pero hoy no es momento. Hoy se requiere sumar esfuerzos y no perder tiempo con rencillas internas de Estado.
De parte de las empresas: evitar promover entre sus trabajadores el incumplimiento de la cuarentena, y evitar ser el eslabón por el que se rompe la cadena de pagos. Sin comprometer demasiado su posición financiera, las empresas deben hacer lo posible por continuar pagando sueldos, cumpliendo con sus proveedores, saldando sus alquileres, etc. Existe la entendible inclinación a incumplir con algunas o varias de estas obligaciones en situaciones de incertidumbre como la actual para acumular liquidez, pero esta sería justamente la actitud generalizada que llevaría al círculo vicioso y al colapso del sistema. En ocasiones, lamentablemente, será inevitable posponer algunos pagos; para entonces debería existir ya un abanico de políticas públicas tributarias, laborales y financieras a las cuales recurrir.
No hay inmunidad contra las consecuencias médicas y económicas del virus. El golpe es inminente. Lo que sí podemos es reducir su impacto para que, pasada la tormenta –porque sí pasará–, tengamos lo mínimo posible que lamentar y podamos volver a lo nuestro más fuertes que antes.
