Por: Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 6 de junio de 2019
Tremendo revuelo causaron las desatinadas declaraciones del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, cuando comentó que él no veía mal que el sector público incursione, como antes, en aerolíneas, minas, petroleras y puertos. Felizmente, sus palabras tuvieron corta vigencia pues el presidente Vizcarra aclaró, al día siguiente, que se había tratado de una “opinión personal”.
La explicación del presidente, sin embargo, no desanimó a algunos entusiastas del Estado empresario, quienes simpatizaron con Zeballos y se apuraron en identificar empresas estatales que funcionan de manera eficiente.
Aquí hay dos niveles de discusión. El primero es el empírico. Es innegable que existen empresas estatales eficientes en el mundo. Las preguntas relevantes son: (1) si la empresa pública es más eficiente que lo que sería una privada en las mismas circunstancias, y (2) cuáles son las condiciones que hacen posible que una empresa pública no sea el desastre que vimos en los ochenta en el Perú.
A nivel global, en industrias extractivas es significativa la evidencia en favor de las privadas, sobre todo en la actividad petrolera en la que diversos estudios encuentran menores costos y mayores márgenes para compañías como Exxon Mobil que para las colegas de bandera de Petro-Perú. En empresas de servicios públicos –como agua o luz– la evidencia mundial es, más bien, mixta.
Ello nos lleva a la segunda pregunta. ¿Tiene el Estado Peruano la capacidad institucional de otros países para gestionar empresas eficientemente? Nuestro registro histórico es desastroso. Los Pesca-Perú, Minero-Perú, y compadres del momento perdían hasta 5% del PBI por año, cubierto con impuestos. Esa cifra merece por sí sola algunos segundos de reflexión. Además, las compañías servían también de agencia de empleo. Una conocida manufacturera de propiedad estatal tenía, durante el primer gobierno de Alan García, más de 7.000 empleados. Hoy opera en la misma planta con poco más de 1.000 y produce el triple.
Alguien dirá que eso fue antes, que quizá hoy sería distinto. Vale el punto. Pero queda entonces pendiente explicar cómo así Sedapal y las demás EPS, quebradas muchas, son aún incapaces de llevar agua y saneamiento a millones de personas, cómo así Petro-Perú se ha embarcado en una refinería absurda de casi US$5.000 millones, o cómo así Agrobanco es incapaz de mantener una cartera sana. ¿Cómo así? Si el Estado de hoy no puede proveer lo mínimo que le corresponde –seguridad, justicia, salud, caminos, educación, etc.– ¿por qué pensar que sí será bueno gestionando una mina?
“Pero si se ha demostrado que los privados son unos corruptos”, dirán otros. Y tendrán razón en que más de una empresa entró, y sigue entrando, en negociaciones ilegales. No deja de ser curioso recordar, sin embargo, que las raíces de Lava Jato ponen como jugadores fundamentales a Petrobras y a la estatal brasileña BNDES, con préstamos de miles de millones de dólares a Odebrecht, OAS, y compañía. En Latinoamérica, muchas empresas públicas han sido foco infeccioso de corrupción justamente por su cercanía natural con el poder político.
Decíamos al inicio que había dos niveles de discusión, y lo anterior es el nivel económico o empírico. El segundo nivel, quizá más importante, es la discusión de principios. Es decir, al margen de si el Estado es buen o mal empresario, ¿es ese realmente su rol? ¿Pagamos los contribuyentes impuestos para que el Estado invierta y arriesgue nuestros aportes en negocios de dudoso retorno? ¿O pagamos para que cumpla con darnos seguridad, justicia y lo demás que sí le corresponde? ¿Hay cancha pareja cuando el Estado es árbitro y jugador? La libertad económica está reñida con un Estado empresario. Y si este nivel de discusión principista no alcanza para convencer a algunos, por lo menos los resultados pasados del Estado empresario deberían ser más que suficientes.
