Entrevista a David Tuesta
Perú21, 26 de mayo del 2025
Nicolas Castillo Arévalo
Para el presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, intereses políticos y personales han influido en la presidenta Boluarte para no promulgar la norma de APP.
El Consejo Privado de Competitividad presentó su Informe 2024-2025 con propuestas para impulsar el desarrollo. David Tuesta, presidente de la organización, analiza los hallazgos y advierte sobre los obstáculos institucionales que frenan el crecimiento.
¿Cuáles son los resultados del Informe de competitividad 2024-2025 que han elaborado?
Lo que hemos observado es que, desde hace aproximadamente una década, el Perú ha venido perdiendo, como ya se sabe, su capacidad de competir, de ganar mercados, de producir y, en consecuencia, de crecer. Y, al identificar qué está detrás de esa caída, el factor que muestra el mayor retroceso es la eficiencia del Estado, lo cual está estrechamente relacionado con las demandas ciudadanas y con los problemas que enfrentan los ciudadanos.
Si el Estado es finalmente gestionado por la clase política y esta no es de la mejor, ¿hay salida?
Es cierto. Esa es una vía, podríamos decir la vía, a partir de la elección pública, la elección ciudadana. Pero también es cierto que, cuando una economía alcanza cierto dinamismo y crecimiento, y la población empieza a percibir esas mejoras, se generan fuerzas que dificultan que los políticos se desvíen del rumbo. Por ejemplo, en el caso de la política monetaria independiente del Banco Central: ni siquiera el gobierno comunista de Castillo logró revertirla.
Entonces, ¿qué medidas pueden ayudar a contener esa mala institucionalidad que tenemos?
En la inversión en infraestructura hay oportunidades. Sin embargo, incluso ahí encontramos obstáculos para alinear fuerzas dentro del Estado. El ministro Salardi, por ejemplo, impulsó una buena iniciativa, una ley de APP que fue finalmente una autógrafa del Congreso, pero parece que, dentro del Ejecutivo, por inercia o por mantener cuotas de poder en determinados sectores o ministerios, no quieren que salga adelante. Y esta es una ley que podría acelerar la inversión, fomentar el crecimiento y contrapesar esas fuerzas políticas que, por la razón que sea, empujan al país hacia el retroceso.
¿Por qué considera que el nuevo marco de APP es positivo?
Hay dos fechas clave en la legislación de APP: una en 2008 y otra en 2015. Esta última es la norma vigente que se aprobó durante el gobierno de Humala. Con la ley de 2008, los tiempos promedio para adjudicar una obra eran de aproximadamente un año y medio. Con la ley de 2015, la que sigue vigente, la adjudicación demora, en promedio, casi seis años. Y esa es justamente la ley que, tácitamente, está defendiendo el Consejo Fiscal. Es cierto que hacia fines del año pasado hubo un pico en las adjudicaciones, pero eso fue resultado del embalse de proyectos acumulados, no de una mejora estructural.
Y recordemos que con esta ley que defiende el Consejo Fiscal se adjudicaron proyectos como Chinchero o el Gasoducto del Sur. Ya sabemos cómo salieron esos proyectos.
¿La nueva norma de APP limita la capacidad del MEF para ejercer su control fiscal, tal como lo ha señalado el Consejo Fiscal?
Lo que propone esta norma, y eso es lo positivo, es simplificar. No me parece correcto decir que esta nueva autógrafa, que todavía está en el Ejecutivo para su revisión, limita al MEF en su capacidad de control fiscal o en su análisis del equilibrio económico-financiero. Esa afirmación me parece inexacta. He revisado el informe del Consejo Fiscal y la verdad es que me parece muy pobre. Citan a IIRSA Sur como ejemplo, pero ese proyecto no se hizo ni con la ley de 2008 ni con la de 2015. Deberían haber presentado un informe más balanceado.
El nuevo ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, ha afirmado que observará la autógrafa de APP. ¿Sería desacertado tomar esa decisión?
Me parece que lo que corresponde es hacer un balance general de todos los pros y contras. Hay elementos en el informe y en la opinión del Consejo Fiscal que, a mi parecer, son bastante debatibles o, en todo caso, están muy débilmente sustentados. Quizás convendría dejar que el polvo se asiente un poco, leer bien el documento y evaluar cuánta de la información que presentan es realmente válida.
¿Cree que el ministro debería reflexionar un poco más antes de observar la norma?
Sí, considero que debería escuchar a todas las partes y analizar en profundidad lo que plantea el Consejo Fiscal, pero también tomar en cuenta la opinión de otros expertos, como el Banco Mundial, la OCDE, entre otros. Se trata de definir con claridad dónde deben estar los distintos roles. Ahora, ojo: el ministro Pérez Reyes ha señalado que su intención es hacer algunos ajustes. Entiendo que, al hablar de observar la norma, no se refiere a una observación total ni a un rechazo completo de la autógrafa. Como en cualquier observación, podría decir: “Miren, cambien esto, ajusten aquello”, y listo.
Lo importante será revisar con atención qué puntos concretos incluirá esa eventual observación.
Dentro del ámbito de infraestructura, también el ministro Salardi había propuesto trasladar a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) 14 programas de infraestructura dispersos en distintas entidades públicas, pero esto le habría costado el puesto…
Desde cualquier punto de vista técnico, para mí era una medida adecuada. No veo discusión. Además, contribuía a reducir focos de corrupción que, con el paso de los años, se habían identificado en varios de estos programas.
No olvidemos que tenías alrededor de 14 programas expuestos a interferencias políticas. Entonces, entran en juego intereses políticos y personales que muchas veces van en contra del criterio técnico. Eso es, en buena medida, lo que ha terminado pasando, o terminará pasando, con esta propuesta que impulsó el exministro Salardi, con el respaldo público y televisado de la presidenta.
¿Qué se tiene que hacer para corregir esos malos incentivos?
Lo que ha quedado en evidencia, y que de alguna manera estamos observando ahora, es que varios ministerios se opusieron frontalmente a lo que proponía la presidenta. Y eso también demuestra que la debilidad de la presidenta no solo es hacia fuera, sino que empieza a manifestarse también hacia dentro del propio Ejecutivo.
Hoy vemos cosas que quizás no ocurrían con otros presidentes. Tienes ministros o funcionarios que abiertamente se oponen a decisiones del Ejecutivo y logran torcerle el brazo, incluso cuando detrás hay una postura respaldada inicialmente por el Ministerio de Economía, que tradicionalmente ha sido un sector fuerte.
¿Cuáles son los otros hallazgos de su informe?
El camino se va haciendo cada vez más cuesta arriba. Ese es justamente uno de los riesgos que identificamos: hasta qué punto la estabilidad, que aún nos permite mantener cierto rumbo, podrá seguir sosteniéndonos.
Y dentro de la estabilidad macroeconómica, la política monetaria, continúa siendo muy valorado por los inversionistas privados. Pero lo demás, la velocidad, el impulso que uno quisiera darle al crecimiento, pierde fuerza. El motor va perdiendo tracción, las hélices se dañan, el combustible se agota. Y hay un punto adicional…
¿Cuál?
¿Qué va a pasar con el Banco Central de Reserva cuando ya no esté Julio Velarde? Ese no es un tema menor. Es una prueba de fuego para el BCR. Hemos tenido más de 15 años con Velarde al mando, y al parecer ya ha anticipado que no continuará. Es cierto, una institución sólida debe poder trascender a las personas. Pero no podemos ignorar que Julio Velarde ha sido una figura brillante, que ha transmitido confianza y ha contribuido de manera decisiva a consolidar la credibilidad de la institución. Yo confío en que sí, que el Banco Central es una institución que va a trascender a las personas. Pero no deja de ser un punto de inflexión.
Pensando en el nuevo gobierno que se viene, ¿cuáles son las prioridades que debería tener?
Lo primero que debe entender es que el desarrollo de un país no surge únicamente desde el Estado. Si uno analiza la trayectoria de los países desarrollados, el éxito proviene de la interacción y el diálogo entre lo público y lo privado.
Por eso, la primera tarea del próximo gobierno, porque este, por las razones que sean, no parece tener las condiciones para hacerlo, es escuchar al sector privado. Escuchar sus problemas, sus dolencias. Porque el sector privado somos tú, yo, la bodega de la esquina y también la gran empresa.
El documento del Consejo Privado de Competitividad se puede descargar de este link
