Por: David Tuesta, Presidente del Consejo Privado de Competitividad
Gestión, 7 de Marzo del 2023
La narrativa detrás del “momento constituyente”, no es solamente ficción. De ir por este camino, el futuro del Perú puede terminar en una historia de terror.
Uno de los discursos protagónicos de la izquierda latinoamericana durante las últimas décadas ha sido el de la urgencia del cambio constitucional, donde Perú no ha sido la excepción. La tesis para instaurar una nueva carta magna suele ser sustentada bajo un variopinto racimo de argumentos que son articulados con el fin de explicar cualquier inconsistencia o injusticia observada y, de esta forma, concluir que es un clamor central de los vulnerables y marginados que requieren ser reivindicados mediante tinta y papel.
Así, poco importa si bajo la actual Constitución la economía haya experimentado un crecimiento sustancial en las últimas décadas, reduciendo pobreza y desigualdad. Claro, como ningún problema grave puede ser solucionado completamente de la noche a la mañana, y más aún en un país que arrastra serios problemas estructurales, el discurso constituyente se instituye para señalar cualquier injusticia como la muestra inobjetable del fracaso del modelo actual. Como, además, nuestros limitantes institucionales históricos siguen vigentes, será también muy fácil incorporar en el discurso del «socialismo del siglo XXI» que el «modelo neoliberal actual» es la causa de la corrupción y de todas las ineficiencias observadas en todo el aparato estatal.
Así, la Asamblea Constituyente se emplaza como la sustancia alquímica de una narrativa de transformación que ya se ha aplicado con un patrón muy similar en países como Bolivia, Nicaragua y Venezuela, y que se encuentra en peligroso intento de despliegue en Chile y México.
El gran problema es que este mecanismo, que algunos grupos políticos quieren impulsar en el Perú, significaría una ruptura abrupta de la institucionalidad, dado el tránsito acelerado hacia la promoción de una democracia de representación desordenada de minorías, con un mayor uso de los mecanismos de democracia participativa-directa. Esto, que únicamente puede ser definido como un «cóctel radioactivo», se dibuja como una caricatura de democracia que, al interactuar con la debilidad de nuestro sistema político, sólo puede derivar en una catástrofe.
Así, los impactos económicos directos se agudizan también porque un cambio constitucional se convierte en caldo de cultivo para que los políticos se terminen perpetuando en el poder, manipulen la agenda política a su antojo y, en el camino, vulneren la libertad de expresión y de prensa, al imponer lamentables restricciones a la propiedad privada. De esto, por supuesto, no le hablará nunca los portavoces de la narrativa de la Asamblea Constituyente. Bolivia, Nicaragua y Venezuela son claros ejemplos de países donde el socialismo del siglo XXI enarboló la bandera del cambio de Constitución.
Además de una combinación de desempeños económicos que van de lo mediocre a lo catastrófico como consecuencia directa de este quiebre constitucional, se comprueba que en todos los casos se termina pariendo regímenes dictatoriales, arropados por su definición de democracia, con serias pérdidas de libertades civiles.
En los tres casos, por ejemplo, las nuevas constituyentes decantaron en diferentes tipos de «reelección infinita» del presidente de Gobierno. En Venezuela, Chávez lo hizo cerca de 14 años ininterrumpidos hasta su fallecimiento, para dejarle la posta a su acólito Nicolás Maduro que en 2023 cumplirá ya 10 años. En Bolivia, Evo Morales estuvo 13 años, y a punto estuvo de re-elegirse gracias a una sentencia constitucional; y, aunque no cumplió con su sueño de presidente eterno, ahí sigue estando como el poder en la sombra detrás del actual presidente. Mientras tanto, en Nicaragua, la manipulación constitucional mantiene a Daniel Ortega como presidente ya 15 años, cogobernando con su esposa.
Y junto con estas reelecciones eternas, soportados por esta nueva forma de democracia que traen estas constituciones, se suma las denuncias de violaciones de derechos humanos y amenazas a la libertad de prensa sin excepción, que se encuentran recopilados en sendos informes de instituciones como Amnistía Internacional, que no es precisamente una organización de derecha. En los casos de Venezuela y Nicaragua, además, se suman acusaciones de torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
De estas últimas, se cuentan varios miles en Venezuela y cientos en Nicaragua. Igualmente, cuando se revisa la propuesta de nueva Constitución que se llevó a referéndum en Chile en septiembre pasado, y que fue finalmente rechazada por la población, uno encuentra exactamente los mismos peligros que han contenido los cambios constitucionales en los otros países revisados. En México, donde existe otro Gobierno con similares tendencias en su discurso, ya viene dando sus primeras señales de querer continuar con el guion citado.
Al menos, eso es lo que parece a partir de su reciente decisión de querer influir peligrosamente sobre el organismo electoral, que ha despertado protestas multitudinarias. Dicho todo esto, la narrativa detrás del «momento constituyente» no es solamente ficción ni tampoco un simple cuento de hadas. Es mucho más. De ir por este camino, el futuro del Perú puede terminar en una verdadera historia de terror.
