Por: César Núñez Huamán
El Comercio, 29 de mayo de 2020
La situación que enfrentamos es realmente compleja. La pandemia del COVID-19 ha impactado en la salud de la población y el aparato productivo. En el Perú, el PBI de marzo cayó en 16,3% y el empleo disminuyó 25% en el primer trimestre del año. La cuarentena fue una decisión acertada en su momento, ahora también lo es la reanudación de actividades económicas.
El Gobierno aprobó una estrategia de reanudación progresiva de actividades económicas en cuatro fases, en base a criterios sanitarios, sociales y económicos. El sector minero –considerado desde la primera fase–, presenta características que minimizan la vulnerabilidad de los trabajadores, su informalidad laboral es baja (14%) y pocos empleados superan los 50 años (15%); al mismo tiempo, es un sector sumamente importante para la economía, pues contribuye con el 12% del PBI y el 11% de la recaudación de impuestos internos. Además, el sector cuenta con la capacidad para implementar estrictos protocolos sanitarios. Tan es así que, al 20 de mayo, cerca de 30 unidades mineras (de una muestra de 54) ya contaban con planes aprobados y están reanudando sus operaciones en las próximas semanas.
Sin embargo, la estrategia admitida no considera la cadena de valor de las actividades económicas en su totalidad. En el caso de la minería, su operación está vinculada con diversas actividades conexas que deberían reanudarse a la par del sector durante la primera fase. En la medida en que se retome la capacidad de producción, dichas actividades serán más necesarias, y de no contar con los protocolos que permitan su operación, el sector mencionado podría estancarse.
Un ejemplo de ello son los proyectos mineros que implican el desplazamiento periódico del personal hacia las unidades mineras. Si bien se cuenta con la capacidad para realizar las pruebas de descarte y asegurar el distanciamiento social durante el traslado, se debe confirmar un desplazamiento seguro y fluido. Para lograrlo, el Estado tiene que evitar las restricciones de tránsito en municipios o bloqueos de vías por rondas campesinas, pues dificultan el movimiento y ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores. En estos momentos, es esencial garantizar el cumplimiento de las normas por los tres niveles de Gobierno del país.
Desde el Consejo Privado de Competitividad identificamos que la minería peruana ha perdido ventaja frente a otros países que han operado con normalidad. En ese sentido, resulta prioritario adoptar medidas que impulsen el sector en el corto y mediano plazo. Por un lado, proponemos establecer el carácter vinculante de las actas del acompañamiento durante el levantamiento de la línea de base ambiental. El D.L. 1500 hace obligatoria la participación de los opinantes técnicos en dicho proceso, pero ello no tendría mayor efecto si al evaluar los estudios de impacto ambiental (EIA) se presentan observaciones contradictorias a lo previamente acordado. Asimismo, es importante establecer el silencio positivo administrativo a las opiniones vinculantes durante la evaluación del EIA para incentivar el cumplimiento de plazos del proceso.
Otra medida fundamental es que los EIA deben estar sujetos a términos de referencia específicos al plan o por tipo de proyecto, ya que de esta manera el estudio se centrará en la evaluación de posibles impactos ambientales y el contenido no será una aglomeración de capítulos que distan de añadir valor a la evaluación ambiental.
La reanudación de las actividades económicas es vital para sobrellevar los duros meses que se avecinan. Es por ello que la estrategia de reanudación del Gobierno debe considerar la cadena de valor de cada sector, así como también velar por el cumplimiento de las normas en los tres niveles de Gobierno. Esto, sumado a medidas complementarias que impulsen la eficiencia de los procedimientos sectoriales, permitirá empujar cuanto antes la economía y retomar la senda de crecimiento.
