César Campos Rodríguez
Expreso, 13 de julio del 2025
Desconozco, hasta el momento del envío de la presente columna, si la “tregua” (término que cabe en una circunstancia bélica pero no en una contingencia política o social) de 24 horas anunciada el viernes 11 por el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), Máximo Franco Bequer, a fin de suspender las protestas y facilitar la instalación de una mesa de trabajo junto al gobierno y el Congreso, bajo la mediación de la Defensoría del Pueblo, haya prosperado.
En una sociedad democrática, no está en tela de juicio toda oportunidad de diálogo, y en particular lo referido al ejercicio de la minería informal, cuyo desborde hacia las fronteras de la ilegalidad tiene en vilo a todo el país. Lo neurálgico es, primero, que el Estado imponga la ley ante la toma de carreteras, los actos vandálicos y el atentado a la economía interna provocado por el impedimento del circuito de bienes de consumo de primera necesidad y el transporte de turistas.
Las posiciones de fuerza adoptadas en clara violación a las normas del Código Penal —por más que se disfracen de “conflictividad social”, cajón de sastre donde se almacenan las inequidades más perversas— se persiguen y castigan igual como ocurre con cualquier ciudadano de a pie.
Lo segundo es saber si realmente Confemin tiene el liderazgo absoluto de todos los piquetes que, a lo largo y ancho del país, han creado focos de violencia como para conminarlos a deponer sus acciones. Sin duda ello no es cierto. El mismo señor Franco Bequer ha calificado de “infiltrados” a varios de ellos pero, con la ambigüedad característica de quienes tiran la piedra y esconden la mano, los justifica.
Más valor tienen los nativos de la nación Wampis, de la cuenca de los ríos Morona y Santiago, de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, quienes —según lo revela el experto en seguridad integral Pedro Yaranga— anunciaron que procederán a desalojar a los mineros ilegales que contaminan el río Santiago y otros. Algo que hace mucho tiempo han debido afrontar tanto el gobierno como los llamados informales.
Lo tercero es analizar qué materias se abordan en el escenario de un diálogo y cuáles resultan negociables. La exclusión de 50,565 titulares del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) con más de un año de suspensión, y la acogida de 30,563 para que finalicen el proceso formalizador antes del 31 de diciembre, no debe tener marcha atrás. Con todas las legítimas imputaciones que le hacemos al Ejecutivo y a nuestra gobernante por diversos temas, la determinación de tomar esta medida es un activo por donde se le mire. Luego de largos años, por fin se ve el imperio del Estado de derecho en la línea correcta.
La situación de los excluidos solo debe tener un marco jurídico de dilucidación: una ley MAPE consensuada, razonable y sin hándicap alguno a la práctica ilegal y contaminante de la minería. Han tenido mucho tiempo gozando de privilegios y debajo del radar. Si deben empezar de cero, pues que lo hagan. Será una buena señal.
