César Campos Rodríguez
Expreso, 1 de febrero del 2026
Mucha gente ignora o no llega a captar las maniobras sucias que ingresan al proceso electoral con apariencias institucionales y solo abrigan el propósito de tumbarse candidaturas que son antipáticas para quienes las perpetran. Se trata de experiencias muy antiguas en la historia de los comicios nacionales, pero hoy tiene mecanismos groseros y sutiles, según sea el caso.
De hecho, nunca fuimos modelo de elecciones absolutamente limpias y transparentes, pero sí cabe reconocer esfuerzos singulares que confirmaron la excepción a la regla. Desde el viejo voto cantado ante los miembros de mesa (rodeada de matones que luego propinaba palizas a quienes no gritaban el nombre de su candidato) hasta la creación del Jurado Nacional de Elecciones como órgano independiente en mayo de 1931, bajo el gobierno transitorio de David Samanez Ocampo, implementándose el voto libre, secreto y universal (esto último solo a partir de 1978, cuando se incorporó al padrón a los analfabetos), han corrido muchas aguas turbias bajo nuestros puentes políticos.
Basta recordar la anulación del triunfo de Luis A. Eguiguren en las elecciones de 1936, bajo el pretexto de haber recibido el voto de los militantes del Partido Aprista (ilegalizado en ese entonces por la dictadura de Óscar R. Benavides), o el intento de impedir el registro de la candidatura de Fernando Belaúnde en 1956 por el Frente de Juventudes. Hubo otras triquiñuelas.
Y en los últimos tiempos hay más de eso. En la segunda vuelta de los comicios del 2021, la directora de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, Margarita Díaz Picasso, remitió citaciones írritas a los futbolistas de la selección nacional para que aclaren si habían recibido dinero del Partido Fuerza Popular por haberse pronunciado públicamente a favor de Keiko Fujimori. A Díaz Picasso (quien luego de esas elecciones renunció a la ONPE y fue nombrada asesora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del gobierno de Pedro Castillo) solo le interesaba la publicidad del caso —la tuvo en los medios antifujimoristas—, pues la ley la obligaba a pedir esa información al partido y no a los supuestos beneficiarios. Su deleznable proceder fue denigrante para Paolo Guerrero y compañía.
En la semana que fenece, el juez Richard Concepción Carhuancho (en pared con los fiscales del consorcio político-judicial-mediático) ha desempolvado el expediente de la donación de Odebrecht al dirigente aprista Luis Alva Castro para la campaña del 2006 y ordena que se levante el secreto bancario del mismo Alva y otros de sus compañeros de partido, varios de ellos actuales aspirantes a una curul parlamentaria. Como explica el abogado César Nakazaki (quien de aprista no tiene un pelo), la medida carece de justificación jurídica porque el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han determinado que las donaciones electorales no constituyen delito de lavado de activos; con mayor razón en la campaña electoral de 2006.
Calculo que no será la única exhibición protagónica de Carhuancho en calidad de intruso electoral. Lo del PAP es un primer paso para sus ansias de visibilidad como juez canero. No le interesa el desenlace. Pretende dejar su huella siniestra disfrazada de juridicidad.
