Por César Azabache
(El Comercio, 28 de septiembre de 2015)
Los últimos 45 años de nuestra historia muestran un proceso limitado de creación de reglas fundamentales de verdadera vigencia práctica en la formación de nuestro tejido institucional. Así, la libertad de prensa emergió como respuesta normativa a la dictadura de la década de 1970.
La conservación del equilibrio macroeconómico y la primacía de la libre competencia fueron resultado del final de la crisis de la segunda mitad de la década de 1980, pero el proceso de formación de reglas verdaderamente aceptadas por todos concluye allí.
La transición iniciada a fines del 2000 no transformó el cierre de la década de 1990 en plataforma para verdaderos consensos prácticos sobre derechos humanos y la lucha anticorrupción. Los últimos 15 años de nuestra historia muestran una parálisis institucional sorprendente, si tomamos en cuenta que estamos por entrar, por primera vez en todo el período, a las cuartas elecciones generales consecutivas.
Vamos entonces atrasados en el proceso de formación de consensos prácticos. Y esto es grave. Los acuerdos institucionales no se imponen al azar. Se cimientan unos sobre otros.
La imposición de reglas de transparencia en el financiamiento de la política, la cuestión institucionalmente más importante que ha surgido en este último año, requiere claridad sobre el alcance de las prohibiciones asociadas con la lucha anticorrupción. Y la expansión del sistema judicial hasta niveles municipales, condición imprescindible para estabilizar nuestra crisis de seguridad ciudadana, necesita una plataforma clara sobre el alcance de los derechos humanos.
Estamos exhibiendo una cuota alta de incapacidad para desarrollar nuestro sistema institucional. En lugar de aprovechar el poco tiempo que nos queda antes de las elecciones, estamos sobreconcentrados en las consecuencias judiciales de los últimos escándalos que se han acumulado sobre la mesa.
Sin duda, los casos en discusión (‘Petroaudios’, Facundo Chinguel, Ecoteva, Daniel Urresti y Nadine Heredia, especialmente) tendrán algún final con alguna cuota de polémica. Sin embargo, las condiciones institucionales que han provocado estos casos no serán restablecidas por los tribunales. Tienen que ser establecidas por la comunidad en un proceso aún pendiente de revisión de los fundamentos institucionales de nuestra coexistencia.
No creo, honestamente, que esa especie de guerra desatada entre “buenos” y “malos” en la que estamos cayendo contribuya en absoluto a fijar fundamentos institucionales útiles para salir del entrampamiento en el que estamos. Pienso que ayuda más un acuerdo amplio en favor de la estabilidad del sistema que fije la manera de cerrar las cuestiones pendientes en materia de derechos humanos sin excluir a nadie.
Además, que liste los compromisos anticorrupción que deben poner fin a olas de casos como las que resultaron de la intervención a los gobiernos regionales y a la organización de Rodolfo Orellana. También que defina de manera clara los términos en que de aquí en adelante se relacionarán el dinero y la política, y ofrezca las explicaciones y pedidos de perdón que necesitamos para despejar las enormes dudas generadas en el último año de este ciclo.
Necesitamos pasar la página en que estamos atorados, no con un borrón y cuenta nueva, sino con una actitud que quiebre ese clima de cinismo y agresión que se está impregnando en nuestra comunicación institucional. Lo que tenemos entre manos es una crisis de dimensiones impresionantes. Los tribunales no sirven para resolver crisis de este tipo. Para eso se ha inventado la política.
