Diario Gestión, 13 de Marzo de 2017
Es conocido el significativo déficit de infraestructura que tiene el país, calculado hacia el 2021 en alrededor de los US$ 110,000 millones, de los cuales resaltan US$ 21,000 millones vinculados a la brecha de transporte-conectividad, US$ 19,000 millones a la brecha digital y US$ 1,000 millones a la brecha de instalaciones en salud y educación.
En promedio anual se requieren US$ 22,000 millones que el sector público no tiene, pues a lo sumo dispondrá en promedio anual de US$ 9,000 millones para la inversión pública total y requerirá por tanto el concurso del sector privado nacional e internacional para ir cerrando el déficit señalado, salvo que se acepte ir al ritmo que marcan los recursos fiscales disponibles, escenario que por cierto tenemos que negar pues esto va en detrimento del crecimiento potencial del país y, por ende, en reducir y eventualmente eliminar la pobreza al afectarse las oportunidades de generar empleo e ingresos.
Más aún cuando la presencia del sector privado permitirá al Gobierno liberar fondos para inversiones que no son atractivas para los empresarios, tales como postas médicas, colegios y caminos vecinales en pueblos apartados con enormes ausencias de infraestructura y servicios básicos y altos niveles de pobreza.
Es de suma importancia tener presente que la inversión orientada a infraestructura es vital para impulsar el crecimiento económico de cualquier país, pues incide directamente en incrementar de manera permanente la productividad laboral y la productividad total de factores, calificada esta última como el factor determinante para asegurar un crecimiento alto de manera sostenida con visión de mediano-largo plazo. Por tanto, acometer esta enorme tarea descansando solo en los recursos fiscales disponibles para inversión implica afectar, como se señaló anteriormente, el crecimiento potencial del país y postergar la atención de las múltiples exigencias de las regiones, con las consecuencias sociales y políticas que ello conlleva.
Es en este contexto que califican como instrumentos muy potentes las concesiones, asociaciones público-privadas y obras por impuestos, que no solo en el Perú sino en diferentes partes del mundo se han constituido en excelente complemento del sector público, pues los empresarios e inversionistas privados ingresan a cubrir los recursos faltantes e incorporan experiencia y tecnología de punta. Bien diseñados y con un manejo profesional y transparente, a más de las supervisiones que oportunamente deben efectuar los organismos competentes, no tienen por qué constituirse en fuente de corrupción; no son estos instrumentos en sí mismos los causantes de estos actos ilícitos rechazados por todos y que debemos erradicar. Es más, si no se corrige y sanciona severamente los actos de corrupción nada descarta que igualmente puedan presentarse en procesos de inversión pública propiamente tales.
En la década pasada, el Perú crecía en promedio alrededor de su crecimiento potencial que estaba en el entorno del 6% con tendencia al alza pues la inversión crecía a dos dígitos y se experimentaba aumentos permanentes en la productividad total de factores. Este escenario desafortunadamente se ha revertido la presente década pues la inversión decrece y cae la productividad con el consecuente impacto en el crecimiento potencial que está en el entorno del 4%, mientras la economía crece incluso por debajo de esa tasa. Urge, por tanto, revertir esta tendencia, que es factible pues se tienen los recursos, instrumentos y la capacidad para lograrlo. Pero, hay que creérselo y actuar en consecuencia.
