Por: César peñaranda, Economista
Gestión, 9 de setiembre de 2019
Es un lugar común la estimación a la baja del crecimiento del PBI 2019, de cifras por encima de 4% al inicio del año por parte del BCR y MEF a la tasa del 3% dada por este último hace pocos días; igual sucede con entidades privadas, en nuestro caso partimos con 3.2% y en junio ajustamos a 2.7% con sesgo hacia abajo (2.2%).
En este contexto lo relevante es preguntarse qué explica el crecimiento decreciente, que no es nuevo pues viene desde el 2011, pero agudizándose desde el 2014. Las causas son diversas, propias del contexto internacional y nacional y que serían materia de un libro, no de un artículo, pero por su alto impacto resalto la evolución de la inversión, motor central conjuntamente con la productividad de la dinámica económica de cualquier país, no sin antes señalar que los problemas centrales en materia económica en lo que va de la década se generan internamente y la gestión para atenderlos es deficiente. Aducir que provienen de fuera es evadir responsabilidad.
La inversión total (pública y privada) explica alrededor del 22.5% del PBI, variable que creció 10% promedio anual la década anterior, con años a tasa de dos dígitos (2005,6,7,8 y 10), que explica en gran medida el aumento del empleo, de la clase media y la reducción significativa de la pobreza, a diferencia del periodo 2011-2018 y peor aún 2014-2018, con tasa promedio anual de 2.9 y -1.3%, respectivamente, con años incluso de tasa negativa (2014,15,16 y 17), que crea poco empleo y limitado, incluso negativo, impacto en bajar la pobreza.
La explicación de la preocupante evolución abarca muchos aspectos, pero destaco tres en especial: el incremento de regulaciones, barreras burocráticas y procesos complejos para concretar tanto inversiones privadas como públicas, a nivel nacional, regional y local; el creciente conflicto institucional; y la inestabilidad jurídica y alteración del imperio de la ley. Esto último es especialmente relevante pues no solo complica la producción y proyectos en marcha sino los que están en cartera, afectando significativamente el potencial de crecimiento por generar alta incertidumbre respecto del marco jurídico del país, que determina postergación de las inversiones o, peor aún, cancelación de las mismas y eventual traslado a otros países que ofrecen mejores condiciones. Veamos.
La propia Constitución está en riesgo, pues hay grupos que inclusive buscan la instalación de un Congreso Constituyente para redactar otra bajo el argumento que es la causante de los problemas del país, señalando en particular que el modelo económico instituido en ella está agotado y es imperativo establecer otro, que a nuestro entender es el principal motivo de esta intención pues se busca retornar al sistema imperante los años 70 y 80 que tanto daño hizo al país.
El Perú en lo que va de su vida republicana ha tenido 12 Constituciones, enorme diferencia por ejemplo con Estados Unidos que la tiene desde 1787, con 27 enmiendas, lo que da absoluta estabilidad jurídica. En esa dirección hay otras acciones, como la que busca impedir la prórroga del régimen especial agrario no obstante su éxito y que lo pertinente es mantenerla de manera indefinida. Caso similar se da con la Ley de Minería que ha probado ser exitosa y se pretende modificarla por su antigüedad y para atender temas que no son de su ámbito directo. Si a esto se adiciona el no saber cuándo y cómo serán las próximas elecciones y quiénes accederán al poder, se colige que uno de los efectos negativos severo de la inestabilidad e incertidumbre será contra la inversión.
