Por César Peñaranda, Economista
Gestión, 08 de enero de 2018
En el 2016 se destapó el caso internacional de corrupción conocido como Lava Jato que, a inicios del 2017, tocó al Perú involucrando a personas del más alto nivel del sector público y privado, y que al parecer continuará afectando a muchos más.
El propio presidente de la República es relacionado, lo que generó un proceso de vacancia en el Congreso, con resultado negativo pero con severos problemas al interior del Ejecutivo y de los grupos políticos. A esto se sumó el indulto al expresidente Fujimori, que ha polarizado al país y producido movilizaciones. Esta compleja y sonora situación política, que no tiene visos de acabar o al menos amenguar, puede complicarse aún más cuando se inicie la campaña para las elecciones de gobernadores y alcaldes.
¿Este contexto de evidente crisis e inestabilidad política tendría algún impacto sobre la economía y podría, por tanto, afectar la evolución prevista para este año? Nos gustaría responder que no, pero lo señalado en el campo político introduce al ámbito económico un alto grado de incertidumbre, crítico para el comportamiento de variables claves de la dinámica económica, como el consumo y la inversión. Veamos.
En el escenario político hasta antes del proceso de vacancia mencionado nuestro estimado de la tasa de crecimiento del PBI para el 2018 era de 3.9%, sustentado en una evolución favorable de la demanda interna (3.6%), dos puntos porcentuales mayor a la del año pasado, a la par con un crecimiento real de las exportaciones cercano al 6%, pues se mantendrían favorable los precios de los metales y el crecimiento de nuestros principales compradores (China y EE.UU.). Empero, tanto la inversión como el consumo, que definen la demanda interna, pueden verse significativamente afectados por la situación política descrita.
En el primer caso, la inversión, luego de tres años de tasa negativa de crecimiento para la inversión privada, que explica 80% de la inversión total y 20% del PBI, se estima que esta creció 0.5% en el 2017 y que subiría a 4.6 este año, mientras la inversión pública puede avanzar a un ritmo de 10.2% en el 2018, mayor a la tasa del 2017. Sin embargo, salvo aquellas inversiones privadas cuyo costo por detenerse o postergarse es más perjudicial, la gran incertidumbre política de lo que puede pasar en el país este año y que a su vez definiría el mediano-largo plazo conlleva a esperar mejor momento, incluso para proyectos previstos en otros sectores como el de minería e hidrocarburos, pues en este caso se pueden exacerbar los conflictos sociales.
En cuanto a la inversión pública, la presencia de un nuevo Gabinete Ministerial y de altos ejecutivos públicos puede afectar su gestión y ejecución, ya de por sí siempre lejos de cumplir lo presupuestado, como fue el año pasado que no superó el 70%, lo que impacta, por cierto, en la inversión privada vinculada vía concesiones, asociaciones público-privada u obras por impuestos. La retracción en la inversión tiene efecto directo sobre el consumo por las implicaciones en la generación de empleo e ingresos, a más del sesgo que puede darse a favor de la cautela en el gasto por la incertidumbre que invade asimismo al consumidor sobre el devenir político y económico.
De no evolucionar favorablemente el ambiente político descrito, el impacto en la economía puede ser significativo y expresarse en un ritmo de crecimiento similar e incluso menor al del 2017, nada promisorio para crear empleo, bajar la pobreza e incrementar el bienestar nacional. El Ejecutivo y el Congreso tienen la responsabilidad de evitarlo.
