Al Gobierno le restan tres años, no uno ni dos, período en el cual puede aplicar políticas y acciones que sin perjuicio de atender la actual coyuntura permitan consolidar la economía con visión de mediano-largo plazo.
El Perú no enfrenta una crisis económica, pues sigue creciendo, aunque con tendencia decreciente desde el 2011, que hay que revertir, generando expectativas positivas y confianza en los agentes económicos, contando con estabilidad sociopolítica. De allí la importancia que pueden tener las reuniones con los partidos y grupos políticos que ha iniciado el Gobierno, de las cuales se esperaría un acuerdo alrededor de temas centrales. En este contexto es que desde esta columna de opinión sugerimos una agenda económica de cara al 2016 y, por qué no, al 2021 en la medida en que se tome como política de Estado.
La agenda comprende dos temas centrales. El primero es reafirmar que se mantendrá la política macroeconómica que se viene aplicando desde hace 23 años, que garantiza estabilidad económica y es prerrequisito para aspirar a crecer a tasa alta y sostenida. En esencia, implica que la autoridad monetaria (BCR) y fiscal (MEF) mantengan los fundamentos macroeconómicos, con una coordinación y sintonía fina entre ellas por las circunstancias actuales y previstas a nivel internacional. Empero, sabemos que esto no permite por sí mismo incrementar la productividad total de factores (PTF), que es la clave para propender a un crecimiento significativo de manera permanente, pues reduce los costos reales e incrementa la competitividad de los agentes económicos, a la par con generar el ambiente propicio para aumentar las inversiones e ingresar de esta forma a un círculo virtuoso. Por ello, es indispensable actuar sobre los elementos que inciden sobre la productividad, lo que nos conduce al segundo tema central de la agenda: incrementar la PTF.
Seis aspectos centrales deben abordarse. El primero, es consolidar la institucionalidad, priorizando el imperio de la ley y los derechos de propiedad, la libertad individual de los agentes económicos para actuar e interactuar sin regulaciones innecesarias, trabas y barreras burocráticas, a la par con enfrentar la inseguridad y la corrupción. El segundo, es realizar las reformas estructurales pendientes, en especial la del Estado (pues resta mucho por hacer), laboral y tributaria (la reforma de los 90 requiere ajuste integral, no parcial como lo efectuado). El tercero es respecto del capital humano vía la reforma de la salud y educación (igual falta mucho por realizar). El cuarto está ligado a esta última, pues es todo lo referente a innovación, ciencia y tecnología. El quinto aspecto es la inversión en infraestructura, buscando cerrar la brecha que asciende a más de US$ 100 mil millones para los próximos diez años; particular atención en este campo ameritan las concesiones, APP y obras por impuestos. El sexto es continuar con la apertura del mercado a favor de la inversión extranjera y el comercio, en este caso reduciendo aranceles e incorporando nuevos TLC, pues el mundo es el mercado.
La agenda requiere para algunos aspectos una apropiada coordinación con el Congreso dado que involucra leyes específicas, aquí la relevancia de las conversaciones políticas iniciadas por el Ejecutivo. Igualmente demanda una activa participación del sector privado, pues es en última instancia el ejecutor final. Es por tanto de suma relevancia que la apertura al diálogo del Gobierno comprenda a los otros poderes del Estado y al sector empresarial.
Publicado en Gestión, 9 de septiembre del 2013
