Por Cecilia Valenzuela
(El Comercio, 15 de Abril de 2015)
El Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial se agarraron a cabezazos la semana pasada. Pérez Guadalupe, titular del Interior, denunció que el 91% (992 casos) de los delincuentes que la Dirincri atrapó en flagrancia –con las manos en la masa, mientras cometían un delito– en enero y febrero de este año en Lima volvieron a las calles por la decisión de algún fiscal.
La respuesta del Poder Judicial fue delirante: las cifras que nosotros tenemos no son tan altas, dijo el presidente de la Corte Suprema, y añadió: nuestros jueces han ordenado la carcelería del 67% de los casos que pidió la fiscalía en esos dos meses.
“Pero el problema no es lo que pide la fiscalía sino lo que la fiscalía deja de pedir”, respondió Pérez Guadalupe, con esperanzadora lucidez. Pronto el fiscal de la Nación le contestó solicitándole la relación de los 992 casos para “hacerlos revisar”.
¿Qué van a revisar? Las instituciones en nuestro país no trabajan de manera coordinada. Aunque resulte inverosímil, no existe un sistema computarizado e integrado que permita cotejar nada.
La seguridad es el mayor problema de los ciudadanos del Perú, sin embargo, en medio de la polémica, ninguna de las autoridades implicadas recordó la existencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, creado por Toledo, e instalado y rebautizado por Humala el 18 de agosto del 2011 como Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de Lucha contra la Criminalidad.
Al iniciar su mandato, el presidente Humala dijo que la seguridad ciudadana sería una de las prioridades de su gestión, y se comprometió a revertir la ausencia de liderazgo político y la carencia de una política de Estado eficaz en materia de lucha contra la criminalidad. Y para que nadie dudara de su compromiso, asumió la presidencia de la rebautizada entidad.
Casi cuatro años después, estamos peor que antes. Los índices de criminalidad han aumentado y no se puede establecer si los fiscales que devolvieron a las calles a los ‘marcas’ sorprendidos con armas de guerra son corruptos o incompetentes. Las tres instituciones responsables tienen cifras distintas. El consejo presidido por Humala no ha sido capaz, siquiera, de integrar la información que producen las instituciones encargadas de la lucha contra la delincuencia.
En el caso de los policías de la comisaría de Surquillo que asaltaron un auto estacionado en San Isidro y fueron captados por las cámaras del serenazgo de ese distrito, el ministro Pérez Guadalupe dice que no puede hacer mucho: enterado de lo sucedido, refiere, él mismo se aseguró de que los policías asaltantes fueran denunciados penalmente. Al día siguiente los dos suboficiales fueron citados por la fiscalía, pero no acudieron a declarar –nadie los conducirá a la fuerza porque eso solo ocurre cuando desairas a la fiscalía tres veces–; en cambio, sus abogados ya presentaron una apelación y nadie podrá tocarlos ni detenerlos mientras dure el proceso.
