El martes se inauguró en La Habana la segunda cumbre de la Celac. Como primer acto, el gobierno de los hermanos Castro mandó detener a más de un centenar de opositores cubanos.
Para participar en la importante cumbre, arribaron hoy a la isla el presidente del Perú, Ollanta Humala, y el de Chile, Sebastián Piñera. En sus propias palabras, ambos mandatarios consideran la Celac como el mejor escenario para iniciar el diálogo que requiere el fallo de la corte de La Haya.
¡Qué vergüenza! Elegir la capital de un país donde no se respeta ni la libertad, ni la democracia, ni la propiedad, para sellar el esfuerzo de dos pueblos que recurrieron a un tribunal internacional para delimitar la propiedad de su mar.
Humala y Piñera, realmente, ofenden con su decisión. Lastiman la madurez y la civilidad de peruanos y chilenos que crecimos en nuestra voluntad de respetar las reglas, las normas y los fallos jurídicos.
Pero la Celac no cuenta únicamente con tontos útiles entre sus asistentes. Los presidentes latinoamericanos que les deben a los servicios de inteligencia cubana sus gobiernos y, sobre todo, sus reelecciones también están presentes: el lunes, Dilma Rousseff inauguró, junto con Raúl Castro, la primera etapa del puerto de Mariel, un puerto que busca abrir el comercio para Cuba y que ha sido edificado para barcos de gran calado.
Sin embargo, el Mariel, más que un puerto, es un símbolo que grafica la fórmula de los militares cubanos para sobrevivir, con los bolsillos llenos, al fracaso del comunismo.
Ha sido construido por la empresa privada brasileña Odebrecht, pero financiado íntegramente por el Gobierno de Brasil. La socia cubana es una empresa constructora estatal que le pertenece al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el Minfar. La receta es simple: capital privado extranjero avalado por un gobierno izquierdista, en convenio con una empresa estatal del Ministerio de Defensa que maneja Raúl Castro.
Cuando se cayó el socialismo, los jerarcas chinos abrieron el ingreso a capitales extranjeros y permitieron que estos se asociaran con empresas estatales chinas, administradas y controladas por el Partido Comunista. El robo ha sido a gran escala y el dinero sale de China y se invierte en el extranjero a nombre de los hijos o los parientes de los integrantes del Politburó. Pero esta fórmula ha presentado serios problemas para los socios privados internacionales y el partido ha tenido que fusilar funcionarios para legitimar su poder.
El modelo ruso fue diferente. Cuando el régimen cayó, en un abrir y cerrar de ojos, las empresas estatales rusas pasaron a nombre de los generales comunistas o de sus hijos, bajo la mirada distraída de sus socios. Ahora los grandes millonarios rusos son los hijos de los antiguos jerarcas comunistas y no hay quien pueda reclamar.
Los comunistas cubanos prefieren la fórmula rusa, por eso han empezado a asociar sus empresas estatales con otras grandes empresas privadas extranjeras. Para eso necesitan gobiernos como el de la señora Rousseff.
Publicado en El Comercio, 29 de enero de 2014
