Cecilia Valenzuela, Periodista
El Comercio, 19 de octubre de 2016
El fin de semana, mientras en Lima la efervescencia del escándalo provocado por los asesores del presidente Kuczynski llegaba a su más alto nivel, se supo que, en Apurímac, el comunero cotabambino Quintino Cereceda acababa de morir. Un enfrentamiento en la carretera que usa la minera Las Bambas para transportar su mineral, entre la policía y los comuneros de Tambobamba, había provocado la desgracia.
El domingo por la noche, el ministro Basombrío dijo que dos coroneles de la policía, uno radicado en Lima y el otro en Abancay, decidieron por su cuenta, sin informar a su comando ni presentar un plan de operaciones, liberar la carretera Quehuira-Huancahuire tomada hacía seis días por los comuneros que reclaman la propiedad de la ruta y la autoría del camino. Pero, además, la empresa le había facilitado a la policía la maquinaria suficiente para reparar las zanjas construidas por los campesinos para impedir el paso de los camiones.
Revisando la documentación del MTC, queda claro que el camino lo construyó la comunidad, pero también es cierto que la empresa ensanchó sus laderas y lo hizo viable. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo y usarlo todos?
Los comuneros tienen justas y abundantes demandas, pero los dirigentes antimineros y los líderes políticos de la izquierda radical ponen de la suya para impedir que se llegue a cualquier acuerdo.
Se ha perdido una vida, y un proyecto fundamental para el país y para la región Apurímac está paralizado; una región policial actuó por su cuenta con el saldo de una persona muerta y veinte heridas.
Salvo Lima y las principales ciudades, gran parte del país está desbordado por zonas liberadas por el narcotráfico, aliado del terrorismo, o por la tala o por la minería ilegal y los mercenarios que los cuidan. En demasiadas regiones se imponen las formas y las acciones extremas. ¿La decisión del coronel de la policía de Abancay, secundada por otro coronel en Lima, es un reflejo de eso mismo? Acaso estamos a punto de ver surgir una fuerza radical pero desde el otro extremo. Igual de anónima y de violenta. Eso pasó en Colombia, les llamaron los “paramilitares” y se justificaron a sí mismos como una necesidad, como los únicos que podían imponer el orden donde había fallado el Estado.
Lo cierto es que la debilidad del Estado vuelve cada vez más vulnerable la legalidad en un país. Y la realidad es que el nuestro es muy vulnerable.
Sin embargo, a la primera crisis política que enfrenta el Ejecutivo, la oposición le salta a la yugular, la hemos visto cebándose en el bajón en su popularidad con el que el presidente Kuczynski ha pagado su descuido al momento de nombrar a sus asesores.
Por cierto, los sucesos de Cotabambas han levantado los ánimos de otros radicales; en Huarmey, por ejemplo, se prepara un paro provincial contra la minera Antamina. El pasado domingo se reunió el “comité de lucha por la defensa de la vida” para ponerse de acuerdo en la fecha de su ejecución. Juan Navarro Inga, el presidente del frente de defensa de la provincia de Huarmey, es un tenaz opositor a la inversión. Es además periodista y dirigente de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería (CORECAMI-Áncash), y a pesar de que personalmente ha aceptado reunirse en el Ministerio de Energía y Minas el próximo 25 de octubre en Lima, en su localidad mantiene viva la organización del paro provincial a través de su radio.
