Dentro de tres meses tendremos nuevos alcaldes y presidentes regionales; aunque decir nuevos en el caso de las cabezas de región es solo un decir, porque nueve de los actuales postulan a la reelección. Algunos de ellos han sido severamente cuestionados, como Gregorio Santos de Cajamarca, Wilfredo Oscorima de Ayacucho e Yván Vásquez de Loreto; sin embargo, se han inscrito haciendo evidente así que lo que les falta en probidad les sobra en cuajo.
La visión monárquica que tienen del poder les permite creerse políticamente inmortales. Podemos estar seguros de que creen que se saldrán con la suya, de que el poder sirve para elegir a dedo a los proveedores, adjudicar licitaciones sin procesos de compra, coimear para tener fondos para su próxima campaña política.
Creen que lo que la contraloría y la fiscalía puedan probar, jamás será más contundente que los votos que ellos obtengan, y justifican la coima en su fin político, en la posibilidad de que ese dinero les permita seguir usufructuando el poder que el pueblo les da con su voto.
Santos le entregó todas las obras millonarias de su región, al empresario que llevaba de viaje a su hija y le depositaba su comisión en una cuenta bancaria; Oscorima les compró millones de soles en maquinarias a sus amigos, a los que exoneró de los incómodos concursos ¿A cambio de qué? Vásquez convirtió a su parentela en la lista de proveedores de su región: una familia, un partido.
¿Y qué responden cuando la prensa y la justicia los encara? Que son víctimas de persecución política, que quienes los acusan son pagados por sus opositores, que hay una campaña de demolición en su contra.
Se sienten intocables: la estrategia de echar la culpa a la oposición les ha dado buenos resultados frente a un electorado confundido entre las ideas y el encono. A mí me acusa Yanacocha, mi prisión es la venganza por Conga, dice Santos. Los comunicados de su partido, Patria Roja, dicen lo mismo. No se detienen a analizar las pruebas de la fiscalía, ni siquiera intentan rebatir los argumentos contables de la contraloría.
Y la visión todopoderosa del poder en el Perú se ha extendido tanto, que el presidente de la región Piura, Javier Atkins, que no va a la reelección, también culpa a sus opositores cuando se le pregunta por el desastre en el que se ha convertido la carretera Tambogrande – Piura. Está tan mal hecha, que con fuerza se puede levantar el asfalto con la mano, cosa que le traerá consecuencias judiciales, porque la construyó bajo la modalidad de administración directa; es decir, bajo la responsabilidad y supervisión de la presidencia del gobierno regional.
El problema es que esta dramática distorsión de la manera de administrar y conservar el poder es compartida por buena parte nuestros líderes, que creen que, así como los reyes reciben el poder directamente de Dios, ellos reciben el poder absoluto del voto. El presidente Humala también se cree rey: las grandes obras que se han otorgado en su gestión, han sido asignadas al único postor. Igual que en las regiones, el Gobierno Central le atribuye a los opositores las críticas a las adjudicaciones a un solo postor.
