Por: Cayetana Aljovín
Correo, 21 de mayo de 2021
El Congreso estaba listo para aprobar un dictamen que proponía modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), no precisamente para beneficiar a la población, sino, por el contrario, para gravar a los alimentos sólidos procesados sin tener en cuenta las consecuencias que, una medida como ésta, podría tener en la canasta básica familiar, toda vez que las conservas de pescado de atún, bonito, jurel y caballa; alimentos ricos en proteínas y omega 3, podrían estar comprendidas en dicho proyecto de ley.
De haber prosperado dicha iniciativa, se hubiera afectado a millones de familias peruanas que vienen haciendo grandes esfuerzos para enfrentar la crisis económica por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia, toda vez que el incremento del ISC afecta directamente el precio final al consumidor. Parece que, finalmente, el Congreso se dio cuenta de este detalle y archivó este despropósito.
Así, en lugar de invertir tiempo y recursos del Estado para evaluar normas donde perdemos todos, en especial la industria conservera peruana; que, a duras penas, puede sobrevivir debido a los sobrecostos que enfrenta, el Congreso debería plantear propuestas que promuevan su desarrollo, y así poder triplicar los puestos de trabajo en un contexto donde más de 2 millones de personas lo han perdido y donde más de 3 millones de peruanas y peruanos han alcanzado la línea de pobreza en los últimos meses.
En este contexto, para impulsar la industria atunera nacional, por ejemplo, que casi podría quintuplicar los tributos, se requiere dejar atrás ciertos dogmas y paradigmas, y establecer de una vez por todas un sistema de reintegro del ISC al combustible que utilizan los barcos para ser competitivos frente a la flota atunera ecuatoriana, que paga tres veces menos por el combustible que consume.
Pensemos en unir esfuerzos para salir de la crisis, en lugar de proponer medidas que la agraven aún más.
