Por: Carlos Basombrío Iglesias
El Comercio, 26 de mayo del 2022
“Gobernantes cortoplacistas, irresponsables, mediocres y corruptos están destruyendo no solo el presente, sino la posibilidad de un futuro mejor para el Perú”.
Casi nadie lo debe recordar, porque nunca salió del “otros” en las encuestas, pero Vladimir Cerrón fue candidato a la presidencia en el 2016 y uno de sus planteamientos centrales fue la estatización de la minería.
Lo ratifica en el ideario de su partido, que convirtió en el programa oficial para la candidatura de Pedro Castillo: “La estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos, es lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso. El Estado debe tomar el control total sobre tres importantes sectores que generan riqueza inmediata”.
Cerrón es dogmático e híper ideologizado y no va a cambiar de opinión. Si ya en el Gobierno no se ha atrevido a repetir lo que piensa, es porque espera el momento oportuno, dado que “la correlación de fuerzas” es “aún” desfavorable a ese objetivo.
Pedro Castillo puso lo suyo. Advirtió desde el inicio que de ninguna manera irían Conga y Tía María. A su vez sus dos primeros ministros, Guido Bellido y Mirtha Vásquez, venían de una larga tradición de activismo antiminero en Chumbivilcas y Cajamarca, respectivamente.
Si a ello le sumamos que la obligación de todo Gobierno de mantener el orden público en el marco de la ley es vista por ellos como “criminalización de la protesta social” –Vásquez es incluso autora de un libro con ese título–, se produce un cóctel explosivo de demandas imposibles que ha causado situaciones de crisis muy importantes, en la principal fuente de ingresos del Estado Peruano (el 43% del impuesto a la renta) y en el principal producto de exportación (US$ 39.637 millones en el 2021, el 70,4% del total).
Recordemos que muy tempranamente Antamina (la más grande del país) fue víctima de un bloqueo y la intransigencia de las comunidades para dialogar sin chantajes los llevó por primera vez en 21 años de actividad a paralizar sus operaciones.
Otro hito fue el incendio de la mina Apumayo en Ayacucho que ha quedado en total impunidad y la posterior oferta (acta incluida) a las comunidades del entorno, de esa y otras minas, de cerrar sus operaciones. La expresidenta del Consejo de Ministros tuvo que retractarse, pero el mensaje ayudó a que la pradera siguiera incendiándose.
Este escenario se hace incluso más grave con la entrada de Eduardo González Toro, vinculado a Guillermo Bermejo, al Ministerio de Energía y Minas (Minem), y luego con Carlos Palacios, cuota política de Cerrón en el Gabinete.
Recojo una cita de Fernando Vivas en una reciente crónica sobre el tema; en ella una fuente importante del Minem dice: “Que se buscara manipular y azuzar los conflictos, no, eso no, pero si oí, cuando se hablaba de conflictos, la idea de dejar que ocurran, que se alarguen, porque así se cansaban las empresas e iba a ser más fácil tomarlas”.
Qué mejor ejemplo de esto es lo ocurrido con Cuajone, con 52 años de operaciones, cuando algunas comunidades decidieron exigirles un “pago compensatorio” de US$5 mil millones y hacia adelante el 5% de las utilidades de la compañía. Con ese propósito, le cerraron el acceso al agua, tanto al campamento donde viven 5.000 personas como a las propias operaciones.
Algo que debió ser fácilmente resuelto en un día, con el ejercicio de la fuerza en el marco de la ley, para luego buscar algún nivel de conversaciones, significó 64 días de paralización. Uno de los dirigentes de la protesta y a la vez dueño de una muy rentable empresa que da servicios a la mina ayuda a cerrar el círculo: “si (por esto) Southern se va, su empresa podía hacerse cargo de la explotación de Cuajone”.
Las Bambas es otro ejemplo. Si bien hubo bloqueos en anteriores gobiernos es recién en este que han tenido que paralizar sus operaciones: 61 días hasta ahora (en diciembre primero y ahora desde abril). Dado que Las Bambas significa el 1% del PBI, se han dejado de producir S/127 millones. Solo en esa última paralización, Apurímac viene perdiendo por canon S/1,5 millones diarios.
El nulo interés de Aníbal Torres en solucionar este problema y, más bien, sus constantes provocaciones para evitar que ello suceda, se ubican consciente o inconscientemente en la misma línea descrita de “cansar a las empresas”.
De hecho, las cansan y, sobre todo, ahuyentan potenciales nuevas inversiones, de los que ya están acá y que buscan ahora en otros países, y de los que podrían venir.
El Perú tiene una cartera enorme de proyectos en exploración, principalmente en oro y cobre, este último, además, el mineral del futuro, ya que las energías renovables que cada día son más importantes lo requieren en volúmenes muy grandes.
Con la excusa ideológica de que están creando condiciones para la “revolución”, gobernantes cortoplacistas, irresponsables, mediocres y corruptos están destruyendo no solo el presente, sino la posibilidad de un futuro mejor para el Perú.
¿Cambiarán las cosas con la ministra Alessandra Herrera?
