URGE QUE EL PODER EJECUTIVO DÉ UN GIRO RESPECTO A SU ESTRATEGIA TRADICIONAL E INCORPORE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE GESTIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Por: Camilo Carrillo, Economista sénior del Consejo Privado de Competitividad
Gestión, 10 de junio de 2020
Hace unos días, AFIN presentó una cifra desalentadora: de 49 hospitales adjudicados durante el periodo 2010-2019, solo 15 están concluidos y en funcionamiento; el resto está –en el mejor de los casos– en ejecución dentro del calendario (5) o con retrasos (13). Lo peor es que al menos 16 de estos hospitales están no operativos, paralizados o con contrato resuelto. De acuerdo al Informe de Competitividad 2020 del Consejo Privado de Competitividad (CPC), las demoras y sobrecostos finales de un grupo de obras públicas alcanzan hasta 71% más del plazo previsto y 27% más del monto establecido en el expediente técnico. No solo las obras cuestan más de lo planificado, sino que demoran casi el doble de tiempo.
El sector salud no es la excepción en estos casos, pues también enfrenta serios problemas de gestión para brindar adecuadamente los servicios que le corresponde, los mismos que se han agravado en el marco de la emergencia por el covid-19. Ante esta situación, urge que el Poder Ejecutivo dé un giro respecto a su estrategia tradicional de atención de la salud e incorpore conocimiento y experiencia de gestión del sector privado para la provisión del servicio público. Para ello, ejemplos exitosos de alianzas público-privadas pueden ayudar a visualizar una solución.
En el 2010, se firmaron tres contratos de APP entre Essalud y diversos consorcios privados; dos de ellos para construir, mantener, operar y gestionar los servicios de salud en los hospitales Barton (Callao) y Kaelin (Villa María del Triunfo); y el otro para gestionar el abastecimiento de medicamentos de toda la Red de Salud de Lima. Las tres experiencias significaron inversiones por cerca de S/ 320 millones. Al día de hoy, operan de forma eficiente, brindando servicios integrales de salud a cerca de 500,000 asegurados y abasteciendo de medicamentos a 5 millones. En estos casos, los indicadores de calidad del servicio muestran enormes diferencias con la de sus pares estatales. Por ejemplo, el nivel de satisfacción de los usuarios bordea el 85% (versus el de sus pares estatales donde es alrededor de 45%) y la entrega oportuna de medicamentos a los establecimientos supera el 99%, cifra mucho mayor a la que muestra Essalud en el resto del país.
La diferencia del éxito radica en que el Estado paga por el servicio brindado, lo cual es un cambio respecto a las modalidades de contratación tradicionales. En estos contratos se le paga al operador para que los servicios se lleven a cabo, estableciendo indicadores de calidad (días de espera para consultas, nivel de satisfacción de los usuarios, nivel de abastecimiento de farmacias) y penalidades por incumplimiento, todos ellos enfocados en el servicio. Este esquema de trabajo es el que genera incentivos en ambas partes –Essalud y privado– para continuar con el contrato.
Dicho esto, si queremos cambiar la realidad de atención de la salud a nivel nacional, se debe incorporar más inversión y gestión privada en este sector para cerrar las brechas de servicios que hoy nos aquejan. El Estado tiene que acelerar los dos proyectos de nuevos hospitales de Essalud en Piura y Chimbote, que deberían estar próximos a ser adjudicados con un esquema en parte parecido al ya mencionado. Ambas obras suman una inversión de más de S/ 1,000 millones, cubriendo adecuadamente a toda la población de referencia de Essalud en dichas regiones. Además, se debería replicar mecanismos similares en las regiones con grandes necesidades de servicios de Salud.
Soluciones concretas existen, que van en dirección a fomentar inversión privada en bienes públicos y donde el Estado –sin perder la rectoría del sistema y la propiedad de los bienes– pueda utilizar recursos privados para cerrar con eficacia las graves brechas de servicios de salud. Esto solo es posible fortaleciendo ProInversión y dándole un mayor rol en los procesos de estructuración y adjudicación de nuevos contratos. De esta manera, se cambiará la forma en que hemos trabajado las APP en la última década. Hay más de 172 nuevos hospitales requeridos a nivel nacional y 32 millones de peruanos que no merecen el deficiente servicio de salud que hoy se les brinda. Cambiemos el enfoque del ladrillo hacia el servicio.
