Bruno Ghio
Gestión, 11 de marzo del 2026
No solo es la crisis por la ruptura del gaseoducto de Camisea; en el ámbito internacional, el conflicto que involucra a Estados Unidos e Israel frente a Irán representan dos eventos de gran impacto.
El sector energético peruano atraviesa una coyuntura crítica tras la convergencia de dos eventos de gravedad ocurridos durante los primeros días del presente mes. Por un lado, el ámbito internacional se ha visto sacudido por el inicio de un conflicto militar que involucra a Estados Unidos e Israel frente a Irán; por otro lado, el Perú enfrenta una crisis operativa mayor debido a la ruptura del gasoducto de Camisea. Esta combinación de factores ha generado un escenario de vulnerabilidad extrema que exige un análisis profundo sobre la seguridad energética del país.
El impacto inmediato del conflicto bélico se ha manifestado en una escalada del precio del petróleo, impulsada principalmente por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, punto geográfico por donde circula aproximadamente el 20% de la producción global de crudo. La cotización ha rozado los 100 dólares por barril, una respuesta directa a la drástica reducción en el flujo de suministros hacia el mercado internacional. Esta inestabilidad geopolítica no solo ha afectado los precios de la energía, sino que también ha golpeado los mercados bursátiles y las divisas a nivel global.
En lo que va del año, la bolsa estadounidense registra una caída del 3%, mientras que las plazas europeas y de mercados emergentes han perdido gran parte de las ganancias obtenidas en el primer bimestre. Simultáneamente, el dólar se ha revaluado ante la búsqueda de refugio por parte de los inversionistas. Históricamente, los conflictos de esta naturaleza suelen provocar periodos de volatilidad a corto plazo; es decir, si la situación no deriva en una guerra prolongada con múltiples actores, los mercados tienden a recuperar estas correcciones en los meses subsiguientes.
En el caso peruano, esta crisis energética global ha coincidido desafortunadamente con la interrupción del transporte de gas natural de Camisea. Mientras que los usuarios particulares han tenido que migrar forzosamente al uso de gasolina o petróleo (combustibles significativamente más costosos y escasos debido a la crisis externa), el sector industrial no goza de la misma flexibilidad. Para las fábricas y entidades productivas del país, la falta de gas natural representa un riesgo de paralización total de operaciones.
De no restablecerse la producción a la brevedad, el Perú podría enfrentar un retroceso económico severo que afectaría no solo las utilidades empresariales, sino que incrementaría los niveles de desempleo y comprometería las metas de crecimiento para el cierre del 2026.
Esta crisis dual ha puesto en evidencia la peligrosa dependencia estructural que tiene la nación del suministro del gas de Camisea, considerando que el 40% de la matriz energética nacional proviene de este recurso no renovable.
Hacia el futuro, resulta imperativo fomentar la diversificación de nuestras fuentes de energía mediante la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, lo cual requerirá de incentivos gubernamentales estratégicos. Asimismo, es urgente potenciar el desarrollo de energía eólica y solar, campos en los que el Perú posee ventajas competitivas frente a otros países. Si bien el gas natural ha funcionado como un bono de productividad esencial para las empresas y el sector transporte, es un recurso que eventualmente se agotará. La tormenta perfecta que enfrentamos hoy es una advertencia clara: para evitar que este escenario se repita, es indispensable impulsar decididamente la – transición hacia energías renovables – que garanticen la soberanía y sostenibilidad del país.
