Asociación de contribuyentes
Perú21, 20 de marzo del 2025
Las políticas de promoción de la inversión y desregulación del MEF no tendrán éxito si no se reforma con urgencia el rol de la Sunat.
El nuevo ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, ha propuesto una serie de medidas que buscan dinamizar la economía del país, fortaleciendo la inversión privada, reduciendo la burocracia y optimizando el gasto público.
Desde la Asociación de Contribuyentes del Perú, reconocemos y aplaudimos los avances en estas áreas, pero también debemos señalar las actuales políticas fiscales que continúan ahogando a los contribuyentes y desincentivando la formalización.
Vamos al grano. Es evidente que la política fiscal y el actuar de la Sunat no van de la mano con estas propuestas.
Mientras una parte del MEF impulsa la desregulación y el crecimiento económico, su política fiscal sigue cargando a los contribuyentes con impuestos y restricciones que limitan la competitividad.
Un caso específico de esta política fiscal contradictoria es el tratamiento de la deducción de gastos financieros (que la mayoría proviene de préstamos). La Sunat, siguiendo lineamientos del MEF, ha endurecido las reglas para la deducción de estos gastos, exigiendo pruebas excesivas y poco razonables sobre el destino de los fondos.
Las empresas suelen pedir préstamos para invertir en su crecimiento, ya sea comprando maquinaria, ampliando sus operaciones o financiando proyectos clave. Sin embargo, la Sunat ha decidido ponerles trabas al no reconocer ciertos gastos financieros como deducibles, exigiendo pruebas excesivas y cambiando constantemente los criterios de evaluación.
Esto es como si un banco te diera un préstamo para comprar una casa, pero luego te exigiera demostrar con facturas cada compra que hiciste dentro de ella —desde los ladrillos hasta la pintura— y si no cumples con sus nuevas reglas, te cobra una penalidad.
Cuando una empresa no puede deducir legítimamente sus gastos financieros, termina con una base imponible más alta y, por lo tanto, paga más impuestos al Estado.
Esto es particularmente dañino para las empresas que necesitan financiamiento para expandirse, innovar o simplemente mantenerse a flote en un entorno económico desafiante. En la práctica, se desincentiva el uso del crédito, lo que restringe la capacidad de las empresas para invertir en nuevos proyectos y generar empleo.
Para corregir esto, se debe modificar el reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta y establecer criterios claros y razonables para la deducción de estos gastos. Las empresas deben poder demostrar la causalidad de sus gastos con pruebas razonables, como estados financieros o flujos de caja, sin enfrentar exigencias absurdas que solo complican su operatividad.
La gestión anterior del MEF no contuvo el gasto y permitió medidas populistas del Congreso sin cuestionarlas. José Arista tuvo un desempeño peor que mediocre en el MEF y resultó ser un cómplice del gasto ineficiente e inútil en empresas estatales y planillas doradas. Además, fue el artífice, junto con la Dirección de Políticas de Ingresos Públicos de esta Sunat que persigue sin piedad a los contribuyentes.
El nuevo ministro Salardi no puede ser más de lo mismo.
