Por: Arturo Woodman
Expreso, 2 de noviembre de 2021
Estamos llegando a 100 días del gobierno de Castillo y sigue sin lograr estabilizar al país, con serias contradicciones en sus programas ofrecidos en favor del pueblo golpeado y maltratado por siglos, que lo resolvería generando igualdad y trabajo, sin más pobres en un país rico, proponiendo que la explotación de nuestras riquezas tendrían que pagar el 80 % de sus utilidades o de lo contrario se nacionalizarían, como lo anunció para el gas de Camisea.
Para esto último, el Estado tendría que pagarle miles de millones de dólares al Consorcio que diariamente extrae 1,600 millones de pies cúbicos de gas natural, de los cuales 400 se reinyectan al no tener consumo, 600 mll de gas licuefactado se exportan, 300 mll abastecen las empresas eléctricas y los otros 300 mll son para consumo local doméstico y automóviles (GNV). Los líquidos del gas extraído se fraccionan en Pisco, produciendo el 75% del GLP (25% se importa) y su precio está referido al costo internacional del petróleo.
La extracción del gas demanda experiencia y millones de dólares en inversión, además el Estado ha recibido S/ 40,000 millones en impuestos y regalías, creando trabajo, permitiendo generar electricidad para todo el país a un costo reducido y abasteciendo a 300 mil vehículos (GNV), así como a 7 millones de ciudadanos que ya lo consumen en sus domicilios.
El presidente no comprende estos beneficios, ni lo importante de lograr un mayor número de hogares que cuenten con el gas natural, esto no es responsabilidad del Consorcio de Camisea, el Estado tiene que hacerlo en coordinación con las empresas privadas, expertas en transportarlo a través de ductos o camiones que lo lleven a las ciudades y lo distribuyan a través de especiales redes.
El presidente Castillo pone de pretexto que el “pueblo” pide la expropiación de la empresa de gas y “destruccion de la minería”, pero eso es aceptar que él no gobierna ni resuelve, creando gran incertidumbre e inestabilidad en el país, alejando a los inversionistas generadores de impuestos y puestos de trabajo, provocando que las inversiones desaparezcan, el dólar y el costo de vida suban, los éxodos de ciudadanos y la pobreza se incrementen como en Venezuela, que mantiene políticas destructoras, amparadas en su Constitución forjada a través de una Asamblea Constituyente.
Recientemente, Castillo nombró un nuevo Consejo de Ministros encabezado por la Dra. Mirtha Vásquez, quien denota una formación de izquierda dura, antiminera, con buena comunicación y un acertado liderazgo, hoy después de presentar su programa de gobierno, está a la espera que el Congreso le otorgue su confianza, a pesar que la acompañan el ministro del Interior y el de Educación con serias objeciones.
Al respecto, el Congreso debe respaldar la gobernabilidad del país otorgando la confianza, defendiendo la democracia y utilizando oportunamente la facultad de interpelar ministros.
Finalmente, el Estado tiene la responsabilidad de implementar el gas natural en los hogares, así como “sancionar los últimos graves atropellos a las empresas mineras”, y el Congreso debe priorizar la gobernabilidad, utilizando en forma constitucional la interpelación a los ministros que demuestren incapacidad.
