Por: Arturo Woodman
Expreso, 11 de mayo de 2021
A raíz de lo manifestado por los asesores de Castillo en referencia a los cambios que efectuarían en el sistema tributario de las mineras, estos traerían inconvenientes en el importante sector minero, al extremo de no poder seguir operando, ni pagar sus impuestos.
En el Perú al igual que en la mayoría de países, los impuestos que se recaban tienen una importancia prioritaria y se relacionan porcentualmente con el PBI y es denominada como “Presión tributaria” la que ha disminuido de 16.5% a 14.5%, lo que nos ubica en un nivel bajo en relación a los países desarrollados, que bordean entre 20% al 23% y los países de América que están en el orden del 18%.
En los últimos 20 años, sin pandemia, nuestro PBI ha crecido en 4.5% en promedio, pero la recaudación de impuestos (Presión Tributaria) no ha tenido el mismo ritmo, dado que nuestra informalidad llega al 75% y si bien ellos aportan a nuestro PBI, no lo hacen apropiadamente con la recaudación de impuestos los que, en gran parte contribuyen al Presupuesto de la República utilizado para el desarrollo y mejoras del país. Todos los gobiernos tratan de incrementar la recaudación de impuestos presionando a los formales, pero este camino no es equitativo, desincentiva las inversiones y generación de puestos de trabajo.
Los planteamientos desproporcionados de Castillo, de aumentar los impuestos al subir el precio del cobre, no será factible realizarlo debido a la complejidad de encontrar una fórmula adecuada para calcular los impuestos y su periodicidad; en caso baje el precio, el Estado tendría que subsidiar. La otra propuesta, es subir los impuestos hasta un 70%, porcentaje fuera de todo contexto e inclusive las mineras ya operan con convenios de estabilidad tributaria, será complicado lograr que acepten estas propuestas.
Lo más complicado del tratamiento propuesto es que al no aceptar los mineros los descabellados planteamientos, Castillo nacionalizará las propiedades y de no pagar su valor real se confiscaría, facultando al propietario de la minera con el respaldo del país de donde proviene su capital, a embargar su propiedad y producción, terminándose en que dicho centro de trabajo cesará sus actividades, perdiéndose los puestos de trabajo y el Estado NO recaudará ni el 30% actual, ni el 70% de impuestos que propone, solo se incrementará el caos y la pobreza.
Un tema que no se comprende es que tanto Castillo como sus asesores, conocedores que el sector minero produce inversiones, trabajo, impuestos y desarrollo, estén encaminados a destruir esta importante actividad. Siendo el Perú un país minero, deben esforzarse en promover su crecimiento, lográndose un incremento de inversiones que generan trabajo, impuestos y canon que irán en favor del pueblo, al poder mejorar su infraestructura de servicios básicos, salud, educación y seguridad.
Finalmente, promover el caos y la pobreza es sumamente fácil. El Perú necesita gobiernos que mejoren las condiciones de vida de nuestro pueblo, impulsando inversiones que generan trabajo y crecimiento, manteniendo nuestra libertad, democracia y justicia.
