Actualmente en el Perú se propone que las empresas sean responsables penalmente por delitos de corrupción en los que se vean beneficiadas. El fundamento sería eliminar la supuesta impunidad con que actúan las personas jurídicas en estos casos y permitir que el país sea aceptado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), foro que certifica estándares de integridad y gobernabilidad.
El artículo 105 del Código Penal señala que la persona jurídica que se vea beneficiada o que fuera utilizada para la comisión de delitos (no solo de corrupción) puede recibir una sanción como la clausura definitiva o temporal de sus locales, la disolución o liquidación, la suspensión de sus actividades, entre otras.
En ese sentido, si en la actualidad no se sanciona a las personas jurídicas que se ven beneficiadas con los delitos de sus funcionarios no es por falta de una norma que lo disponga así, sino por la falta de aplicación de la norma por los propios jueces. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen las armas suficientes para sancionar a las personas jurídicas que sirven a fines delictivos.
En un país en el que falta institucionalidad, este tipo de ley genera mayor incertidumbre en las empresas, en tanto podría significar un mecanismo de extorsión a los empresarios por parte de las instituciones a cargo de la investigación. En efecto, no se entiende cómo se quiere criminalizar a las empresas y hacerlas comparecer directamente a una investigación de naturaleza penal cuando dos de las instituciones que dirigen este tipo de procesos (Poder Judicial y Policía Nacional del Perú) son percibidas por la población como dos de las entidades públicas más corruptas del país (Fuente: Pro Ética).
Es justamente en esta falta de institucionalidad en lo que nos deberíamos concentrar. El Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial coloca al Perú en el puesto 118 de 144 en el aspecto de “Instituciones”. Lo que se necesita para elevar los niveles de integridad y gobernabilidad del Perú es institucionalizar el Estado. Es decir, proveer las herramientas necesarias para una administración pública bien pagada, eficiente, capaz y transparente. ¿Por qué no nos enfocamos en ello y cuando estemos en un puesto de 70 para arriba proponemos leyes que se aplican a países con instituciones sólidas y probas?
Como hemos observado en los últimos meses, tenemos varios presidentes de regiones y alcaldes, presos y fugados, congresistas que arriendan bienes a narcotraficantes, que fraguan boletas y facturas, que le retienen parte de su remuneración a sus propios trabajadores, policías que venden droga, cajas municipales, y esto es solo el resumen de ciertos hechos. ¿Por qué no proponen leyes que impongan requisitos de educación, pago de impuestos y planillas para ser congresista, en vez de intentar criminalizar a las empresas?
Es que requerimos con urgencia ingresar a la OCDE para pertenecer al club de países desarrollados, cuando lo que realmente necesitamos es invertir en educación, capacitar a nuestra juventud en principios y valores para incorporar gente proba en las instituciones del país. Si el Estado pretende combatir la corrupción, debe empezar por sí mismo.
