Alonso Rey Bustamante
Perú21, 22 de agosto del 2025
«El Reinfo nació como un trámite excepcional, un plazo de gracia para que los pequeños mineros inicien su camino a la legalidad. ¿Y qué pasó? Pues que se convirtió en la coartada perfecta para la minería ilegal. Un carnet de impunidad expedido por el propio Estado. Cada vez que el Congreso decide renovarlo, lo que en realidad aprueba es que los delincuentes sigan operando cada día a mayor escala y con mayores recursos», sostuvo Alonso Rey.
El nuevo presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, estrenó el cargo con un anuncio nada novedoso: quiere debatir la aprobación de la Ley MAPE y, cómo no, volver a extender el Reinfo. Sí, otra vez. Como si no hubiéramos aprendido nada en casi 10 años, donde no se ha formalizado a nadie, pero sí han dado licencia temporal a miles de operadores ilegales para seguir destruyendo el país.
El Reinfo nació como un trámite excepcional, un plazo de gracia para que los pequeños mineros inicien su camino a la legalidad. ¿Y qué pasó? Pues que se convirtió en la coartada perfecta para la minería ilegal. Un carnet de impunidad expedido por el propio Estado. Cada vez que el Congreso decide renovarlo, lo que en realidad aprueba es que los delincuentes sigan operando cada día a mayor escala y con mayores recursos.
Lo irónico es que se habla de “formalización” cuando lo único que se hace es darle oxígeno a redes criminales que mueven miles de millones en oro ilegal, que destruyen bosques y ríos, asesinan personas, financian actividades ilegales, como la extorsión y prostitución. Si eso es formalizar, entonces por qué no formalizamos el Congreso en los mismos términos que el Reinfo.
La pequeña minería sí necesita apoyo, reglas claras y acompañamiento técnico. Pero seguir prorrogando el Reinfo no es acompañar: es como dejarle la llave de la casa al ladrón y esperar que, con el tiempo, decida mudarse por voluntad propia. Y ya sabemos cómo termina esa historia.
Lo más grave es que el Congreso insiste en mirar para otro lado frente a las consecuencias, o, por el contrario, mira los intereses de los mineros ilegales que están muy cercanos y con visitas periódicas al Congreso. No se trata solo de un problema ambiental o tributario: hablamos de un poder paralelo que ya controla territorios enteros, impone violencia, corrompe en todos los niveles del Estado y desgasta la institucionalidad. Cada prórroga es un mensaje directo: “Sigan operando tranquilos, que acá nadie los va a tocar”. ¿Ese es el Estado de derecho que queremos sostener?
La comisión debería estar concentrada en construir una ley MAPE seria, que diferencie de una vez por todas a quienes quieren hacer las cosas bien de quienes usan la fachada de pequeños mineros para encubrir negocios criminales. Pero si el debate vuelve a girar en torno a una extensión más del Reinfo, no será un error legislativo: será la confirmación de que el Congreso prefiere ser cómplice de delincuentes antes que legislar en beneficio de todos los peruanos.
El Congreso debería cerrar el Ministerio de Trabajo con 70% de informalidad laboral, evidentemente no sirve de nada, cerrar el Ministerio de Cultura que está apoyando la destrucción de Machu Picchu y ver como paga la deuda de Petroperú si quiere beneficiar a todos los peruanos. Cuando ejecute actos en beneficio de todos los peruanos y no de delincuentes será una institución respetable y no lo que es ahora.
