Alonso Rey Bustamante
Perú21, 18 de abril del 2025
«Resulta paradójico que el órgano que debe fiscalizar al Estado no acepte con humildad ser fiscalizado a su vez por la ciudadanía y otros poderes».
La Contraloría General de la República no funciona, hace informes sin sustento que terminan en procesos penales. Las cifras demuestran un desempeño lamentable. Desde 2010 se han formulado 4,669 denuncias de presuntos actos de corrupción ante el Ministerio Público, pero más del 47% de ellas han sido archivadas definitivamente.
Peor aún, otra enorme porción de casos permanece estancada en etapas indefinidas del proceso penal: “en calificación”, “en reserva” o “en trámite”. De las 4,669 denuncias presentadas, 2,088 casos (casi 45%) siguen sin resolución, varados en alguna de esas fases previas. Este congelamiento genera un enorme costo: funcionarios inocentes con carreras manchadas durante años a la espera de esclarecimiento; y un clima general de incertidumbre y temor en la gestión pública. Solo 9 denuncias de las 4,669 (menos del 0.2%) llegaron a fase de sentencia.
Frente a este panorama, cabría esperar una autocrítica y reformas profundas. Pero la respuesta institucional ha sido pedir más recursos. Para 2025, la Contraloría ha solicitado S/478 millones de presupuesto bajo el argumento de necesitar fondos para seguir operando. Personalmente, no les daría ni un sol. Antes de recibir recursos deberían evaluar a sus funcionarios para determinar si son capaces de realizar su labor, desde 2010 no se hace, ya que dudamos de sus capacidades.
La razón detrás es el escándalo del concurso público de personal en 2024. Durante la gestión del excontralor Nelson Shack, la Contraloría lanzó una convocatoria para cubrir más de 4,000 plazas. Sin embargo, se hizo sin contar con sustento presupuestal: el propio informe contralor reveló que se requerían S/383.9 millones para financiar dichas plazas, monto que nunca estuvo certificado antes de proceder. ¿El resultado? Tuvieron que reducir las plazas a 3,082 y aun así la Contraloría comprometió gastos no autorizados, declarados ilegales por la entidad. Claro, a ellos nadie los fiscaliza, solo generan gastos y daños a los funcionarios denunciados indebidamente, por los cuales la Contraloría nunca responde.
Hoy, la nueva administración admite que “solo hay dinero hasta mayo” de 2025 y que, de no aprobarse una ampliación presupuestal, más de 5,000 trabajadores serían despedidos y la Contraloría “cerraría sus puertas” antes de fin de año. Que el Ministerio de Economía y Finanzas no les dé ni un sol.
Cada vez que se le cuestiona, sus altos voceros alegan que la Contraloría no puede ser interferida políticamente dada su autonomía constitucional. Pero la independencia no los exime de la rendición de cuentas. Resulta paradójico que el órgano que debe fiscalizar al Estado no acepte con humildad ser fiscalizado a su vez por la ciudadanía y otros poderes. Mientras tanto, los verdaderos perjudicados son los peruanos: por un lado, miles de casos de corrupción quedan impunes u olvidados, y por otro, se desperdician recursos en una entidad que no está funcionando. ¿Hasta cuándo?
