Por: Alfredo Thorne
El Comercio, 6 de mayo de 2020
El National Bureau of Economic Research, la institución encargada de identificar una recesión en EE.UU., cambió su definición al evaluar la recesión del 2009, de dos trimestres de crecimiento del PBI negativo a “una caída significativa en la actividad económica, extendiéndose por más de dos meses, normalmente visible en el PBI real, ingreso real, empleo, producción industrial y ventas al mayoreo y menudeo”. De hecho, reconocen que el PBI no tiene esa capacidad predictiva, y los estudios muestran que los cambios en la tasa de desempleo son el mejor predictor. Cuando se produce una caída abrupta en la actividad, el PBI deja de capturar esta contracción, pues los mercados dejan de operar normalmente. Así, se produce lo que se llama una “dislocación” de los mercados –siendo los más afectados el crediticio y laboral– que dejan de responder a cambios en la oferta y demanda y los precios.
Esta discusión es muy relevante en la actual situación, pues mientras más grave es la recesión, mayor la dislocación y, por tanto, menos sensibles serán a las medidas de contención, y, más adelante, de reactivación económica. Para evitar esa dislocación de mercados, la Reserva Federal ha comprometido una inyección de liquidez por 22% del PBI y el Tesoro podría ampliar su déficit en el 2020 hasta el 25% del PBI.
En el Perú, y siguiendo este mismo raciocinio, el Banco Central de Reserva (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) han actuado con prontitud y lanzaron el programa Reactiva Perú y de contención fiscal. Estos contemplan nuevos créditos por 30.000 millones de soles (alrededor del 15% del crédito total) a las empresas para evitar el rompimiento de la cadena de pagos, y una expansión fiscal adicional de 8 puntos del PBI. También se ofrecieron líneas de crédito a las mipymes desde Cofide, y beneficios para proteger el empleo desde el Ministerio de Trabajo (MTPE).
Los resultados de las primeras cinco subastas del BCRP han sido notables y se han logrado ofrecer 16.8 mil millones de soles a una tasa promedio ponderada de 1,09%, las tasas de interés más bajas en la historia, a un grupo de empresas que van desde las grandes hasta las pequeñas. Ciertamente, al tratarse de programas experimentales, se han cometido errores y quizás el más notable fue la falta de celeridad, pues la primera subasta se realizó tres semanas después de anunciado el programa y casi seis semanas desde que se decretó el comienzo del aislamiento, lo que obligó a las empresas a realizar ajustes de costos no deseados. Quizás hubiese sido preferible que el BCRP realice la intervención directa como lo hace la Reserva Federal, como una subasta de repos usando directamente los pagarés de los bancos y no por intermedio de Cofide.
Pero hay dos áreas más que necesitan mayor reflexión: el vínculo entre el acceso a la línea de Reactiva Perú y el ajuste del mercado laboral; y el tratamiento de las empresas ilíquidas y las insolventes. La justificación de una línea de crédito de esa magnitud está en evitar que se rompa la cadena de pagos y se produzca lo que se conoce como “la frenada en seco” o el “sudden stop”, como sucedió en 1998. Al inyectar grandes sumas de dinero al mercado crediticio, se asegura de que las empresas que enfrentan problemas de liquidez honren sus pagos. Sin embargo, hay un interés subalterno del Gobierno: asegurarse de que el ajuste del mercado laboral se realice gradualmente, que no se produzca una dislocación, y evitar, sobre todo, que las grandes empresas decidan reducir sus planillas como su primera opción para ajustar sus gastos corrientes. De allí que propusimos que la línea de Reactiva Perú sea mayor y esté anclada en un múltiplo del monto de la planilla de la empresa: a más empleo, mayor acceso a estos fondos.
Esta dislocación laboral se agravó con las normas dictadas por el MTPE, que opera como si estuviésemos en pleno empleo. Para empezar, fue renuente a cualquier medida que permitiese un ajuste ordenado en el empleo, como hubiesen sido las reducciones de salarios o de la jornada laboral, como lo han hecho en Alemania, y solo les permitió a las empresas ofrecerles a sus trabajadores licencia con goce de haber, y finalmente, normó la “suspensión perfecta”, a la cual un gran número de empresas decidieron acogerse, y más parece el “despido perfecto”. Es de esperar que el ajuste sea estrepitoso y cerca de 600.000 trabajadores pierdan sus empleos, es decir, el 16% de los empleos formales privados, generándose una mayor informalización. A las empresas con trabajadores que ganen 1.500 soles o menos, fundamentalmente mipymes, se les ofreció un subsidio equivalente a 35% del salario; es decir, a las mipymes, que son las que más habría que ayudar, se les obliga a mantener sus planillas, en vez de subsidiar directamente al trabajador con un seguro de desempleo.
Por último, está la pregunta: ¿hasta dónde debe llegar el apoyo del Estado? ¿A todas las empresas o solo a las que enfrentan problemas de liquidez? El MEF mantuvo su posición de que la garantía a las empresas que acceden a Reactiva Perú fuese escalonada, menor para las más grandes y con un tope de 98%; y que fuesen los bancos los que asumieran los riesgos por el monto libre de garantía. De hecho, de haberse mantenido el 100% de garantía, se habría financiado también a estas empresas insolventes, aquellas que no son viables ni siquiera con el apoyo crediticio. Sin embargo, con los niveles de garantía aprobados, se obtiene un resultado deseable, pues obliga a estas empresas a reinventarse y hacerse más productivas para no desaparecer. No hay que olvidar que el dilema de nuestro sector empresarial es que tenemos muchas empresas muy poco productivas. En este caso también sería deseable que el Gobierno les ofrezca un seguro de desempleo a los trabajadores que resulten desempleados, obligándolos a buscar trabajo en otras empresas más productivas.
