Por: Alfredo Bullard
Perú21, 30 de agosto de 2020
La pandemia nos privó de la tradicional temporada de circo de julio y agosto. De manera casi premonitoria, Vizcarra programó, sin embargo, una temporada circense extendida, llena de payasos tenebrosos, dignos de una historia de Stephen King, y de fieras lamentables, pues, a falta de leones y tigres, nos colocaron delante un grupo de desquiciados otorongos.
Resultado de su inconstitucional cierre del Congreso, Vizcarra trasladó el espectáculo de sus coloridas y tradicionales carpas al hemiciclo ubicado en la plaza Bolívar. Hoy somos testigos, a través de la plataforma Zoom, de estas lamentables funciones en las que payasos y fieras destruyen al país.
Queda claro que este improvisado circo dejará más estragos que la pandemia misma. Basta leer la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional la ley que suspendió el cobro de peajes. A la unanimidad del voto de todos sus integrantes, algo relativamente inusual en el actual tribunal cuando la discusión gira en torno a definir asuntos que conciernen al modelo económico, se suma lo claro que la sentencia deja la vulneración de los derechos constitucionales.
Sin quitarle mérito a lo decidido, los miembros del TC estaban frente a una labor muy sencilla. Era como la del juez que tiene que encontrar responsable a un chofer que, sin brevete y borracho, se pasa una luz roja, a exceso de velocidad, en retroceso y sin frenos, subiéndose a la vereda donde arrolla a un peatón que se encontraba pasivamente esperando su microbús.
Lo que el TC ve con claridad es que el populismo es malo no solo como concepto, por irracional, sino como manta bajo la cual se ocultan intereses bastante más oscuros. La sentencia dice lo obvio: toda esta ley solo tenía como objeto dejar dinero en el bolsillo de un grupo de transportistas. Nada tiene que hacer con la salud o facilitar la lucha contra el COVID.
Si bien el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, aquí las intenciones eran claramente malas. Muy malas. Esta era una ley que bajo disfraz populista ocultaba el mercantilismo con el que el Congreso usurpaba derechos a costo de los contribuyentes. Y es que, como también dice la sentencia, el daño causado por los integrantes del circo hay que pagarlo.
A los transportistas que usaron la infraestructura sin pagar no habrá forma de cobrarles. Ellos ya sumaron los peajes no pagados a sus resultados económicos. A los congresistas, causantes de la estafa, no les reduciremos sus sueldos ni embargaremos su patrimonio como debería hacerse con todo el que causa un daño de manera irresponsable.
Los concesionarios afectados podrán, con todo derecho, cobrar lo que no percibieron, usando su contrato o reclamando internacionalmente la responsabilidad del Estado. El peaje para ir a este circo nos ha salido caro. Se pagará con nuestros impuestos, que dejarán de destinarse en esa parte a mejorar el sistema de salud, recuperar los daños de la pandemia a la educación o reforzar a la Policía o al Poder Judicial. En términos sencillos, nos han robado. Lo han hecho sin medias tintas ni sutilezas.
Lo cierto es que se viene más. Este Congreso sigue dando medidas tan circenses como dañinas. Cuidado, que quieren nombrar al nuevo TC. Y allí no van a poner a magistrados. Van a poner a sus cómplices.
