Por: Alfonso Bustamante
Perú21, 6 de marzo del 2024
Abordar la reforma electoral es la mayor responsabilidad que tiene el actual Congreso de la República, ya que de eso depende que no continúe el deterioro institucional de los tres poderes del Estado, manifestó el también presidente de la CONFIEP.
El gobierno de Dina Boluarte culminará en 2026, sin embargo, el orden democrático peligra por la altísima polarización política, la que abre paso a la imposición de ideas en vez de su discusión, donde los adversarios políticos se transforman en enemigos cuyo objetivo es destruir al contrario.
Desde 2018 hemos atestiguado vacancias presidenciales, cierres de Congreso y hasta un intento de golpe de Estado. Hechos que fueron referidos por el presidente del BCRP como la “activación de las armas nucleares” en la política peruana, al abrir Vizcarra la “caja de Pandora” con su denegación fáctica de confianza.
En este contexto, abordar la reforma electoral es la mayor responsabilidad que tiene el actual Congreso de la República, ya que de eso depende que no continúe el deterioro institucional de los tres poderes del Estado. Se extraña tener un Senado en el Congreso que valore, reflexione y modere los proyectos de ley emanados desde el Parlamento.
La ley actual vulnera el principio de representatividad, al someter a los electores a elegir entre una treintena de candidaturas presidenciales y congresales. Agrava la situación el no contar con un adecuado filtro de idoneidad en las candidaturas, lo que ocasiona que quien pase a segunda vuelta, lo haga con una mínima representación de votos y quien sea elegido presidente no tenga respaldo ni en el Congreso ni en la calle. Suerte similar correrá el fragmentado Congreso, a quienes les costará mucho conciliar acuerdos para lograr la mayoría en temas nucleares de su gestión.
Las limitaciones al financiamiento formal de partidos políticos y los escasos mecanismos de fiscalización sobre el uso de los recursos por parte de los partidos políticos abren paso a que sean las actividades ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, quienes financien las campañas electorales. Esos favores, claro está, deberán ser pagados cuando los candidatos consigan el curul o el sillón presidencial.
Mantener el statu quo en la ley electoral solo nos llevará a mayor inestabilidad política con la natural consecuencia de una pérdida de confianza de los agentes económicos, retroceso en las inversiones, en el empleo, en el producto bruto y en la recaudación fiscal y, por ende, aumento de la pobreza.
Urge abordar el tema señores congresistas.
