Alejandro Pérez Reyes
El Comercio, 10 de febrero del 2026
Los teléfonos inteligentes, y la facilidad de acceder a información a cualquier hora y desde cualquier lugar, han cambiado drásticamente la forma en la que nos relacionamos con los productos que consumimos. Hoy no solo compramos más por Internet –64% de los peruanos de zonas urbanas lo hacen, según cifras de Ipsos del 2025– sino que también analizamos más cuidadosamente las opciones disponibles antes de decidir en qué gastaremos nuestra plata: Según un estudio internacional de PwC, por ejemplo, hoy el 70% busca comentarios sobre las empresas antes de adquirir algo de ellas.
Este –por lo menos en mi caso– es un patrón que podemos identificar en nosotros mismos: Antes de hacer una compra, o incluso solo para abrirnos el apetito por algo que queremos tener, dedicamos tiempo a averiguar todo lo que podemos sobre ese teléfono, televisor, par de zapatillas o electrodoméstico en el que estamos pensando. Y la lógica económica es clara: el precio de informarnos es bajo frente al costo potencial de equivocarnos.
Cuando se trata de votar, algunos consideran que los incentivos se perfilan de manera diferente. En los años cincuenta, por ejemplo, el economista Anthony Downs, en “An economic theory of political action in a Democracy” pintaba la cancha de manera algo pesimista: según él, para los electores, el costo de informarse es mayor que el valor esperado de su voto y de la capacidad real que este tiene de inclinar la decisión de la mayoría. En otras palabras, para él, en este caso, la ignorancia es lo racional.
Pero han transcurrido 70 años desde el artículo de Downs y las circunstancias han cambiado mucho: el costo de la información se ha reducido de manera radical (92% de las familias peruanas tiene acceso a, por lo menos, un ‘smart phone’) y el mismo proceso que seguimos para decidir comprar algo hoy podemos emprenderlo para elegir a nuestras próximas autoridades. Y más que cuestionar el valor singular de nuestro voto, la clave está en tomar en cuenta el retorno que obtiene el país cuando una elección se basa en millones de decisiones diligentes y responsables; en marcar la cédula tras haber investigado cuál es la mejor opción para todos.
En ese contexto, la pequeña inversión de tiempo en informarse puede generar, idealmente, ganancias sustanciales: autoridades más comprometidas con el desarrollo del país, fortalecimiento de nuestras instituciones, reducción de la pobreza, mejores servicios públicos y leyes de mejor calidad. Y en consecuencia, una mejor calidad de vida para todos, que es lo que realmente está en juego en cada elección.
¿Cómo logramos esto? De nuevo, pensemos en lo que hacemos cuando compramos. Para empezar, no nos quedemos con lo que dice la publicidad del producto, revisemos antecedentes y situaciones prácticas en las que se le ha visto en funcionamiento. Además, es clave entender qué otras alternativas ofrece el mercado, de repente estamos tan convencidos de comprar el teléfono X que no nos damos cuenta de que el Y tiene características que le permiten atender mejor nuestras necesidades. También, conviene asegurarnos de que nuestra adquisición no es impulsiva y que verdaderamente es lo que nos hace falta. En esa misma línea, hay que dudar de lo que parece muy bueno para ser cierto: muchas veces lo barato puede salirnos caro.
Votar informados es la mejor inversión que podemos hacer como ciudadanos en estas elecciones. El conocimiento, en fin, no solo contribuye a la calidad de nuestras decisiones, sino que también obliga a los candidatos a ser mejores y a competir de manera inteligente por nuestra preferencia. Y eso es lo que queremos.
