Por: Alejandro Deustua, Internacionalista
Gestión, 13 de febrero de 2020
Concentrados en el tiempo, China, Estados Unidos y el Reino Unido están produciendo impactos coyunturales y estructurales en el mundo y la región.
La crisis del coronavirus es más que el riesgo de una pandemia. Como problema de salud, muestra que la erosión de la globalización tiene límites ostensibles. El riesgo transnacional que genera ha sido registrado por la OMS.
Y del riesgo económico ya tomaron nota el Fed y el FMI (que ha anunciado una eventual revisión a la baja de la performance global si el virus no es contenido más allá de las apuestas por una relación impacto-solución en forma de “V” rápida).
En lo que nos toca, en enero los precios internacionales del cobre, zinc y petróleo WTI han bajado 10%, 3% y 16% debido a la contracción de la demanda china, mientras el precio del oro (el refugio tradicional) subió 5% al compás del virus chino según el Banco Central.
Ese impacto innova las condiciones de la dependencia de los países exportadores de productos básicos que no destraban su diversificación productiva. En consecuencia, hablemos por ahora de neumonía china como contribuyente a la perniciosa relación centroperiferia en lugar de términos de intercambio si el cobre fuera un mecanismo de mala inserción.
Y de Estados Unidos acaba de llegar un ejemplo de lo que no debe ser el Estado de Derecho y el manejo del interés nacional. Si bien el juicio político que siguió al impeachment del presidente Trump no es un meramente un proceso jurídico por la interacción entre política y derecho, su dimensión constitucional parece clara.
Al respecto, es claro que el juicio político puede ser organizado legalmente según el mejor criterio del Senado en tanto la Constitución no establece normas al respecto. Pero la denegación por los senadores republicanos de pleno acceso a documentación fundamental y a determinantes testigos adicionales deja a muchos la convicción de que ese crucial proceso fue manipulado groseramente.
Y, al hacerlo, se estableció el precedente de que la convocatoria de un gobierno extranjero para que investigue a familiares de un rival político en plena campaña electoral puede no ser recusable para la seguridad y la democracia de la primera potencia.
El Perú, que alberga una muy cuestionable relación entre política y derecho, tiene ahora no solo un nuevo mal ejemplo del estándar democrático y del Estado de Derecho que, en épocas no lejanas, solíamos mirar por lo menos con algún sentimiento de culpa.
Finalmente, nuestros buenos amigos británicos han convertido un loable ejercicio de defensa de la soberanía relativa del Estado en un proceso de integración profunda, en una contundente referencia externa para no sacar el pie del plato de nuestra infradesarrollada integración regional. Especialmente si, en aras de una ilusión de autonomía clásica, ese Estado es capaz de infligir daño a su propia población, como dice Martin Wolf, sin perder legitimidad y cuando los términos de la nueva relación con la UE no tienen claridad de ninguna especie. Downing Street se ha enamorado de la incertidumbre.
