Alberto Pascó Font, Analista económico
El Comercio, 16 de marzo de 2018
Cuando pensamos en infraestructura de servicio público tendemos a fijarnos en la obra física y frecuentemente ignoramos la parte del servicio. Por ejemplo, si estamos pensando en un muelle, nos concentramos en el ancho y largo del mismo o en la cantidad de grúas pórticos que soporta.
A veces olvidamos que necesitamos el muelle para que preste un servicio eficiente a las naves. Por ejemplo, el número de naves que puede atender simultáneamente o la cantidad de contenedores por hora que puede descargar o cargar. Nos interesa además que ese estándar mínimo de servicio se mantenga o incluso mejore a lo largo del tiempo conforme hay mejoras tecnológicas.
Esto es especialmente importante cuando hablamos de una asociación público-privada (APP) o concesión de infraestructura. En contratos de 20 o 30 años de duración, la obra física inicial puede quedar desfasada. Por eso, es importante que el contrato especifique estándares mínimos de servicio durante toda la concesión. Esto permite que automáticamente la obra física de infraestructura se amplíe para mantener el estándar de servicio requerido. Por ejemplo, en el contrato del aeropuerto internacional Jorge Chávez, se usaban los parámetros IATA para definir el estándar de servicio deseado. Así se requería un espacio mínimo de m2 por pasajero en la zona de embarque o de recojo de equipajes. Si el número de pasajeros del terminal se incrementa por encima de cierta cifra, el concesionario tiene que transformar la infraestructura física y así cumplir con el estándar contractual de servicio.
Estamos atravesando por un momento de gran desconfianza en la construcción de infraestructura. Hay investigaciones para determinar si se pagaron sobornos para incrementar los costos de las obras. Una reacción lógica a esta desconfianza es definir exactamente la obra de infraestructura que se desea mediante un expediente de ingeniería definitivo.
Con una precisa descripción de la obra se puede hacer un concurso a mano alzada de manera que el que gana se compromete a construirla a un costo fijo. Este proceder limita adendas a los contratos que son comunes cuando el expediente no es definitivo y hay margen de discreción para ejecutar la obra. Sin embargo, los expedientes definitivos son muy caros y demoran. Además, la obra física se convierte en el fi n mismo y se pasa a discutir el número de columnas, la altura del techo y detalles similares. Fácilmente se pierde la perspectiva de que lo que realmente queremos obtener es un buen servicio a lo largo del tiempo.
Creo que esta discusión es especialmente importante para escoger entre una obra pública o una concesión. Hay que encontrar un balance para evitar renegociaciones oportunistas posteriores, pero para ello no se requiere siempre un expediente definitivo. Con un concesionario que opera y mantiene una infraestructura por 30 años es más fácil tener una perspectiva para mantener un buen servicio a lo largo del tiempo. La obra es solo un medio para lograr el fi n. Esta es una ventaja de la concesión sobre la obra pública.
