Por: Alberto Pascó Font, analista económico
El Comercio, 14 de febrero de 2020
Daño colateral es un eufemismo utilizado por las Fuerzas Armadas para referirse al daño no intencional o accidental que resulta de una operación militar. Obviamente, cualquier acción militar debería minimizar el daño colateral.
En las investigaciones por el Caso Lava Jato existe daño colateral. Es decir, funcionarios probos acusados que deben pagar a abogados para defenderse y que tienen sus propiedades embargadas. Esta afirmación se sustenta en las declaraciones de un colaborador eficaz:
“Hay muchos funcionarios que son comprometidos con […] el desarrollo del país. Los que se sobornan, a Dios gracias, no son la mayoría, son algunos […] Algunos sí creen que de hecho la integración del Perú con Brasil, un país de un PBI diez veces [el del Perú, con el] que [tiene] tres [mil] kilómetros de frontera [es importante]… El Perú no tenía una carretera con Brasil, no podía hacer comercio, no podía hacer nada y creían que esto [la carretera] era una forma de abrir el mercado brasileño para exportar productos y más. [En] Madre de Dios, una región completamente aislada del Perú, el día que llovía el río crecía [y] la gente […] no conseguía llegar a sus destinos porque no había cómo pasar […] un aislamiento muy fuerte. La necesidad de la carretera […] era evidente […]. Había funcionarios que sí estaban interesados en que el proyecto se diera, por una convicción legítima y lícita”.
Estas son palabras de Jorge Barata extraídas del interrogatorio que condujo el fiscal José Domingo Pérez el 23 abril del 2019 en Curitiba con respecto a la carretera Interoceánica y cuya transcripción oficial obra en la fiscalía.
Es decir, el mismo Jorge Barata, que denunció que el expresidente Alejandro Toledo le solicitó coimas y por quien se han iniciado muchas de las investigaciones, reconoce la existencia de funcionarios probos en la licitación de la Interoceánica.
Además, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú afirma en sus declaraciones que no pudo modificar las bases del concurso para que favorecieran a Odebrecht. Por eso se redujo la coima inicialmente pactada por esta licitación.
No minimizar el daño colateral por Lava Jato no solo tiene impactos negativos en los funcionarios acusados. Más importante aún es que tiene consecuencias directas en las futuras obras de infraestructura que necesita el país.
¿Qué funcionario público va a otorgar nuevas concesiones de infraestructura si puede ser erróneamente involucrado en un largo proceso judicial? Procesos que, además, generan un gran daño reputacional, laboral, familiar y económico. Y que, en el mejor de los casos, serán lentísimos.
Hay gente que ha perdido su trabajo por estas investigaciones y que tiene que incurrir en gastos de abogados de su propio peculio. El fi n no puede justificar los medios. Los fiscales tienen que separar la paja del trigo. De lo contrario, las consecuencias se van a sentir en el crecimiento económico futuro y en la pobreza del país.
