Por: Alberto Pascó-Font, Ex miembro del Consejo Fiscal
El Comercio, 23 de noviembre de 2018
La inauguración del nuevo aeropuerto estaba prevista para junio del 2012. Ya se habían hecho todos los ensayos y se habían cursado más de 10.000 invitaciones. En mayo del 2012, se detectaron problemas técnicos con los extractores de humo y se tuvo que cancelar la inauguración. Ese problema resultó ser uno de muchos: 90 kilómetros de cable incorrectamente instalados; escaleras muy cortas; cuatro mil puertas mal numeradas; el techo pesaba más del doble de lo autorizado, etc. La fecha de apertura se ha postergado más de seis veces. La nueva fecha de inauguración es octubre del 2020.
El costo inicial de la obra era 2.000 millones de euros. Ahora es 7.300 millones de euros. Más del triple del estimado inicial. Con todas estas demoras, la capacidad para la cual fue diseñado el aeropuerto es ahora insuficiente y es parte del sobrecosto redimensionarlo. Más grave, el gasto mensual del aeropuerto es de 25 millones de euros para tener operativos los sistemas y que no se deterioren, lo cual ha probado ser inútil en algunos casos. Por ejemplo, todas las pantallas de televisión que anuncian los vuelos, tras siete años de retraso, son obsoletas y deben ser renovadas.
En algún momento a fines del milenio anterior (cuando se decidió construir esta obra), se consideró realizar una concesión al sector privado. Esta idea se descartó y se decidió ir por un esquema de obra pública. Después de tanto tiempo, mucha gente opina que en lugar de arreglar los defectos de la obra existente, más rápido y barato hubiera sido botar todo y construirlo de nuevo.
Esta historia de horror en la construcción de un aeropuerto no ocurre en algún país subdesarrollado del hemisferio sur. Ocurre en la capital de Alemania. Nadie sospecha de corrupción, solo de ineficiencia. La provisión de infraestructura pública compleja es siempre un negocio riesgoso.
Por todos los escándalos de corrupción que hemos escuchado en las obras que se han concesionado recientemente, se están satanizando las APP en nuestro país. Se ignora la corrupción que también ha ocurrido en infraestructura construida mediante obra pública. Los riesgos de construir infraestructura nueva siguen presentes independientemente de si se hacen por obra pública o APP.
Sin embargo, la división de los riesgos es diferente. Si el aeropuerto en cuestión se hubiera otorgado en concesión (APP), los recursos del Estado hubieran estado más protegidos y no le estaría costando a los contribuyentes 25 millones de euros mensuales. No queda claro además si la corrupción sucede solo en el proceso de adjudicación de la obra o a través de las adendas posteriores a los contratos. Al parecer ocurre con mayor incidencia en esta última etapa.
Necesitamos urgentemente infraestructura. No usemos la excusa de la corrupción para descartar mecanismos eficientes de provisión de la misma.
