Por: Adriana Tudela
Expreso, 21 de febrero de 2021
El caso Vacunagate ha desatado una discusión sobre el problema de la corrupción y sus causas. Los sectores afines a la izquierda argumentan que este caso muestra los peligros de permitir que los privados también puedan importar y comercializar vacunas, en paralelo a la distribución gratuita que realizará el Estado. Señalan que convertir a la vacuna en una “mercancía” nos generará problemas como el que hemos conocido esta semana y que para evitarlos necesitamos más Estado: más regulación y más control estatal.
Esta lógica es profundamente falaz. En primer lugar porque Sinopharm es una empresa estatal china y los involucrados en el escándalo son en su mayoría funcionarios públicos que se han aprovechado de su poder político para acceder indebidamente a la vacuna cuando su distribución aún no estaba autorizada. Si la vacuna Sinopharm había ingresado al país es únicamente porque el Estado peruano había autorizado su ingreso para efectos de realizar un ensayo clínico que era requisito previo para cerrar la compra.
Además, el proceso de selección de la vacuna china ha sido objeto de un manejo muy poco transparente por parte del Estado peruano. Nunca quedó claro por qué el gobierno de Vizcarra decidió adquirir la vacuna Sinopharm cuando esta era más cara que otras y cuando su proceso de elaboración era mucho menos transparente que el de otras alternativas, como la vacuna desarrollada por Pfizer.
De hecho, el Gobierno declinó adquirir esta última sin darnos ninguna explicación razonable y hoy vemos cómo muchos de sus funcionarios se beneficiaron de un “lote extra” enviado por la empresa que buscaba venderle al Estado su producto; es decir, de un regalo hecho al Estado por quien buscaba convertirse en su proveedor. La mismísima canciller, quien era la encargada de negociar la compra con Sinopharm, se terminó beneficiando gracias a la famosa “cortesía”, lo cual nos sugiere que en realidad esta habría constituido una prebenda determinante para que se elija esa vacuna sobre otras.
Es evidente que cuando le damos al Estado un poder monopólico, las decisiones terminan siendo determinadas por la discrecionalidad de funcionarios públicos que velan por sus propios intereses. Se crea un mercado en donde las decisiones no las toman los consumidores, sino el poder político, y esto favorece a la corrupción.
Por eso es tan importante limitar el poder político del Estado. Mientras más poder político exista, más corrupción habrá y ello nos obliga a hacer un esfuerzo por restringirlo. ¿Cómo? La cantidad de regulación que hay en un país sirve como indicador para medir el tamaño del Estado y, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el Perú ocupa el tercer puesto en el ranking de países con mayor carga burocrática en Latinoamérica, siendo superado únicamente por Brasil y Venezuela.
Desde ese punto de vista, para luchar contra la corrupción es urgente iniciar un proceso de simplificación y depuración de la regulación nacional. Un mecanismo para lograrlo es obligando al Estado a eliminar dos regulaciones vigentes por cada nueva regulación que este emita; es decir, un “2×1 regulatorio” que sea aplicado tanto en el Congreso como en las demás entidades públicas. Así, obligaremos al sector público a hacer una evaluación del impacto de la regulación, a sistematizarla y a reducirla.
Es importante entender que la hiperregulación entorpece no sólo el accionar del privado, sino sobre todo el del propio Estado, volviéndolo menos transparente.
