Por Adriana Tudela
El Comercio, 03 de diciembre de 2021
“El costo político, social y moral de mantener a Pedro Castillo al mando del país sería altísimo”.
La vacancia por causal de incapacidad moral es una figura que ha estado presente a lo largo de nuestra tradición constitucional. Esta ha sido entendida como una sanción política que adopta el Parlamento contra el presidente, tras una evaluación de conductas muy graves, que reflejan una falta de criterio moral y ético, que afectan su capacidad de gobernar e impactan en la vida de millones de peruanos. Esto hace insostenible su permanencia en el cargo.
Alegar que la vacancia por esta causal constituye un golpe de Estado se cae por su propio peso y, más bien, revela una concepción peligrosa de democracia en quienes así lo sostienen. Un sistema democrático no puede admitir que el presidente de la República no asuma responsabilidad por su comportamiento y decisiones. De lo contrario, estaríamos ante un presidencialismo absolutista. Esto es incompatible con los principios fundamentales de una democracia, pues ante conductas graves no previstas en las causales de acusación del artículo 117 no habría recurso alguno.
Pedro Castillo decidió nombrar personalmente a un primer Gabinete en el que había personas con vínculos preocupantemente cercanos al Movadef, un organismo de fachada de la organización terrorista Sendero Luminoso, cuyo ataque a nuestra nación significó la muerte de decenas de miles de peruanos. El presidente les dio a estas personas acceso y control del poder estatal, con todo lo que ello implica, poniendo en grave riesgo la seguridad nacional.
Al tomar esa decisión, el presidente también demostró que los horrendos crímenes de Sendero Luminoso, el dolor de los deudos, la memoria de quienes murieron luchando contra la barbarie terrorista, así como la enorme trascendencia de ese oscuro período de nuestra historia, significan poco o nada para él. O, lo que es incluso peor, podría reflejar un deseo de reivindicación.
Lo que observamos en los días posteriores a esa decisión no es otra cosa que distintas manifestaciones de una incapacidad que fue evidente desde ese primer momento. Las reuniones clandestinas que el presidente ha mantenido en Breña con diferentes funcionarios y proveedores, que ganaron sospechosas licitaciones con el Estado, constituyen evidencia de lo que parece ser un caso de corrupción flagrante, que lo involucraría de manera directa. El proceder del presidente atenta contra la legalidad, que es la moral positiva de un país, y constata el ambiente de ilegalidad en el que se desenvuelve.
Ante esta situación, la vacancia presidencial no solo es procedente, sino también necesaria. El costo político, social y moral de mantener a Pedro Castillo al mando del país sería altísimo. Tolerar y relativizar este tipo de conductas por parte de quien ostenta la máxima posición de poder y liderazgo nacional no hará otra cosa que alterar las fibras y cánones morales que sostienen a nuestra sociedad, insensibilizándola sin remedio, y arriesgar su futuro y bienestar.
Es decir, si la decisión de abrirle las puertas del Estado al Movadef no determina la incapacidad moral de un presidente, entonces, en el futuro, ¿qué la podría determinar?
