Claudia Navas
Analista de riesgos para Perú de la consultora Control Risks
Para Lampadia
Los crecientes conflictos sociales en el Perú alrededor de proyectos mineros (particularmente, aunque también otras industrias se han visto afectadas) dan cuenta de posibles brechas en la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). Los criterios ESG son cada vez más observados por fondos de inversión, entes reguladores y consumidores con consciencia social y ambiental para decidir si invertir o no, en cierto tipo de proyectos. Estos criterios dejarán de ser una tendencia o un “tema de moda” y se consolidarán como un estándar mínimo de cumplimiento, así como un factor diferenciador de las empresas del futuro.
La incorporación de principios ESG en el modelo de negocio permite, además, la prevención y mitigación de riesgos que puedan afectar a un proyecto. Por ejemplo, inconformidades de las comunidades pueden convertirse en protestas violentas, un problema de bienestar de los trabajadores puede convertirse en un escándalo publicitado o la contaminación localizada puede desencadenar en activismo ambiental, si estas situaciones no son identificadas y manejadas desde un enfoque preventivo por parte de las compañías. De esta forma, más allá de un estándar, el enfoque ESG permite a las operaciones ser mucho más resilientes, rentables y conscientes del entorno en el que operan si incorporan los criterios efectivamente.
Países en desarrollo representan un mayor nivel de riesgo de ESG debido a la debilidad de sus instituciones, incluyendo las agencias de vigilancia y control, así como a marcos regulatorios complejos, y entornos sociales y de seguridad más difíciles. Esto implica que las empresas deben adherirse aún más a estos criterios, incluso adelantándose a políticas, estándares y regulaciones que dicte el gobierno de turno. No obstante, los gobiernos y la sociedad civil juegan un papel fundamental en asegurar que las empresas se adhieran a estos estándares y apliquen las mejores prácticas de acuerdo con las particularidades del contexto local.
En Control Risks apoyamos a empresas y fondos de inversión a entender los riesgos tanto como las oportunidades de ESG en la región andina. Nuestra evaluación del panorama de ESG en Perú sugiere que, si bien hay avances, aún falta mucho por hacer. Hace falta mucha más consciencia acerca del valor que agregan criterios ESG a la operación minera. Esto en el sentido de que, más allá de un tema de cumplimiento, estos criterios contribuyen a una mayor rentabilidad del negocio ayudando a establecer relaciones más sanas y transparentes con todas las partes interesadas, favoreciendo la continuidad del negocio y la reputación.
Ante las debilidades de la institucionalidad ambiental, las empresas mineras deben trazarse estándares altos. Esto implica el establecimiento de indicadores medibles y verificables, para mitigar posibles riesgos ambientales del proyecto, incluyendo el uso eficiente de los recursos naturales, como el agua, y el correcto manejo de residuos. También la realización de evaluaciones por parte de un ente externo que permita identificar posibles brechas en el manejo de estos riesgos. En el tema social, son necesarios sistemas de presentación y manejo de reclamos más robustos, y visibilizar la contribución a la diversidad, inclusión y equidad de género. Finalmente, la transparencia fiscal no es una práctica generalizada, lo cual es una oportunidad perdida para demostrar el aporte del sector a la economía, así como para informar el debate sobre la carga impositiva al sector.
Para aprovechar las oportunidades que implica el boom de los minerales de cara a la transición energética, el fortalecimiento del enfoque ESG es una tarea urgente. El lanzamiento del índice ESG por parte de S&P Dow Jones Indices y la Bolsa de Valores de Lima en noviembre de 2021 es un paso fundamental hacia esa dirección, y así posicionar al Perú como un destino de inversiones sustentables. Lampadia
Claudia Navas es politóloga, Máster en Estudios Internacionales de Paz, con amplia experiencia en análisis de los riesgos políticos, regulatorios, sociales y de seguridad que puedan afectar las grandes inversiones en Perú. Asesoró a la Presidencia de Colombia con la formulación de políticas para la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y la ex guerrilla de las FARC. Actualmente es analista de riesgos globales para Perú y la región Andina en la consultora Control Risks.
