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Lima-Perú, 21/12/2020 a las 10:12am. por Jaime de Althaus

Dinamitando los motores de la economía

El círculo vicioso de la precariedad política y la protesta social

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es muy grave lo que ha ocurrido con el régimen de promoción agraria. Si bastan cinco días de bloqueo para derogar una ley que tuvo efectos tan positivos y luego el Congreso puede ser capaz de aprobar incrementos discriminatorios de la remuneración mínima vital efectiva que según la Constitución deben verse en el Consejo Nacional de Trabajo, y esos incrementos más otros costos condenan a la quiebra cuando menos a los pequeños y medianos productores, es porque la enfermedad ideológica y la precariedad política e institucional son ya terminales.

Se puede encontrar una responsabilidad en las propias empresas en no haber socializado suficientemente los enormes avances tecnológicos, económicos, sociales y laborales de la agroexportación. Debieron tener una política sistemática de invitación a la academia, a ONGs y a medios a visitar los fundos para dar a conocer la actividad. La gente no conoce las bondades de la industria.

En realidad, es un defecto de la élite empresarial en general, que ya está pasando factura. Pues la idea de que las empresas son malas está arraigada en la cultura de izquierda que se infunde desde varias fuentes, comenzando por maestros que nunca han sido capacitados en economía social de mercado ni en el capítulo económico de la Constitución. Tenemos una izquierda anti capitalista –marxista- que nunca se aggiornó. Siendo electoralmente minoritaria, logra sin embargo potenciar abusos extra legales para para lograr triunfos resonantes, con golpes anticapitalistas demoledores. Como este contra la agroindustria. Lo que a Chávez le costó años, acá se logró en cinco días contra una industria de punta, pero pueden venir otras después. La minería está primera en la fila.

¿Cómo pudo ocurrir algo así?

  • La condición facilitadora inmediata ha sido la anarquía, la descomposición política general. La destrucción política mutua, múltiple y generalizada de los últimos 5 años, agravada en los dos últimos meses. 9 ministros de Interior en dos años, dejando las tareas de inteligencia y seguimiento sin continuidad.
  • Luego, el grave error del gobierno de Sagasti de castigar a la policía y pasar al retiro 18 generales, provocando una huelga de brazos caídos que permitió que no más de mil o dos mil personas bloquearan la carretera en Ica durante 5 días, hasta provocar desabastecimiento y desesperación.  
  • Y, en el Congreso, bancadas indisciplinadas que no responden ya a sus partidos ni a programas sino a intereses individuales electoreros o económicos del momento.  Políticos de tercer nivel que llegaron allí como consecuencia de un largo proceso de descomposición partidaria pero también, más cercanamente, como producto de una disolución populista del Congreso sin que el disolvente buscara tener mayoría en el nuevo Parlamento.
  • La fuerza política mayoritaria que de alguna manera defendía el modelo en el Congreso disuelto, sucumbió como producto de sus propios errores y de la justicia plebiscitaria coordinada con el populismo político de Palacio. No quedó nada.

Políticos de partidos de centro o centro derecha sin convicción ni ideología a la búsqueda de demandas para distribuir beneficios y ganarse así unos votos, son la invitación perfecta al crecimiento de la protesta social, con luz verde por la ausencia de fuerzas del orden y alentada desde siempre por activistas (y candidatos) de izquierda que sí actúan con propósito y que en el Congreso llevan de las narices a sus pares.

Así, se forma un círculo vicioso entre una institucionalidad y una política precarias y hambrientas de respaldo y una protesta social que encuentra inmediata satisfacción y que sabe que sus actos de fuerza son infalibles. A mayor precariedad política, mayores protestas y viceversa.

Este círculo vicioso tiene que romperse, porque puede terminar arrasando con lo que queda de músculo económico en el país. El presidente Sagasti debe asumir una posición clara y firme frente al intento de liquidar la agricultura moderna, exportadora y empleadora, y debe reconstruir la relación del gobierno con la policía nacional, que necesita apoyo político para actuar. La Sunafil debe identificar, publicar y castigar a las empresas que contratan informalmente y cometen abusos. Hay que contener el desmoronamiento. Lampadia

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